Es innegable que la emergencia sanitaria generada por la pandemia ha impactado la vida cotidiana, las relaciones sociales y la economía mundial: los impactos en la seguridad económica y alimentaria son preocupantes y, probablemente, empeorarán con el tiempo. La covid-19 activa un entorno de disminución de ingresos y reduce las ya precarias oportunidades de empleo de muchas familias, lo que afecta sus posibilidades de supervivencia y autosostenibilidad. La parálisis producida por la pandemia, incrementa su fragilidad y lleva a que nuevos grupos vulnerables emerjan.
Además de los impactos económicos, es preciso resaltar lo que ya hemos mencionado en más de una ocasión: la violencia no se detiene por la covid-19. Nuestra experiencia de estos últimos meses en apoyo a familias desplazadas, nos indica que la recuperación de la normalidad, la definición de un nuevo proyecto de vida y la materialización de una solución duradera se verá postergada para muchas familias desplazadas durante el tiempo que permanezcan las restricciones a la libre movilidad. Mientras tanto, es indispensable seguir ocupándonos de la seguridad alimentaria y garantizar a estas familias el disfrute de un sitio seguro para permanecer a salvo de la violencia que provocó su desplazamiento interno, y además seguros para no ser expuestos a contagio, así como su acceso a la salud física y mental. Que la emergencia sanitaria no sea un impedimento para brindarles la atención que necesitan.
Muchas de estas personas ya han agotado los “salvavidas” financieros que suelen utilizar las familias en tiempos difíciles: ahorros, préstamos de dinero de vecinos o familiares, reducción del consumo, que incluye la sustitución de alimentos preferidos por otros más cómodos y la priorización de la alimentación de niños y adultos mayores en perjuicio de la de los adultos sanos. La mayoría de las personas desplazadas deben dejar a un lado su proyecto de vida: su trabajo, educación o emprendimientos. Además, y más importante aún, al huir de una amenaza, las familias que fueron reubicadas al inicio de la pandemia, no tienen confianza para movilizarse en su nueva comunidad pues, debido a la cuarentena domiciliar de carácter general impuesta, para prevención, no han tenido la oportunidad de construir relaciones de confianza.
Para instituciones humanitarias como la nuestra y otras organizaciones encargadas de atender a esta población, la pandemia ha impuesto nuevos retos y ha obligado a modificar la forma de acompañar, proteger y asistir a estas familias. Es un desafío que asumimos: hemos apoyado a alrededor de 865 personas desplazadas en sus necesidades más apremiantes como alimentación y vivienda, higiene y prevención del covid-19. Me enorgullece resaltar que no lo hemos hecho solos, las alianzas estratégicas con instituciones estatales y humanitarias, así como con nuestros socios de la Cruz Roja Salvadoreña han sido vitales para beneficiar a estas familias.
El Salvador ya cuenta con un marco jurídico de protección en favor de las personas desplazadas internamente por violencia, aprobado por la Asamblea Legislativa, así como con un marco integral regional de protección y soluciones, promovido por el Ejecutivo, para contribuir a la recuperación económica de grupos vulnerables frente a las secuelas de la pandemia. Ahora es necesario dar un paso más allá y poner estos instrumentos en marcha. Creemos que este es un momento oportuno también para hacer valer los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Implementar estas iniciativas a favor de las personas desplazadas debe de ser una prioridad de país, aún en medio de esta pandemia.
No todo está en manos de las organizaciones humanitarias, la sociedad civil y el Estado. Cada ciudadano debe sentirse invitado a mostrar empatía, solidaridad y apoyo a las personas que enfrentan el desplazamiento. Es previsible que las familias desplazadas y reasentadas o reubicadas experimenten percepciones de exclusión, de marginalización y desconfianza en las comunidades de acogida, también pueden tener temor de salir libremente a los mercados locales o a los centros de salud. Por otro lado, también las comunidades de acogida pueden experimentar temor y desconfianza ante la nueva familia que llega. Ambas percepciones son comprensibles, pero hacemos un llamado a rodearlos de la calidez humana que se merecen y a evitar que la estigmatización lleve a una revictimización. Juntos podemos contener la propagación del virus, amortiguar sus efectos en los más vulnerables e impulsar la recuperación.
En El Salvador, el CICR reitera su compromiso con las personas desplazadas, así como la continuidad en el apoyo a los esfuerzos del Estado para abordar sus necesidades. Confirmamos además nuestra disposición de apoyar técnicamente la definición de respuestas institucionales acordes a los estándares internacionales, aprovechando nuestra experiencia de trabajo acumulada en otros contextos alrededor del mundo.
Jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en El Salvador