Enrique Anaya: Nos están robando nuestro presente y nuestro futuro

Si eliminamos los eufemismos diplomáticos y nos expresamos en términos directos, lo que Estados Unidos está diciendo es, resumido en una frase: “El Salvador está gobernado por una mafia”; o, si lo queremos exponer sin tapujos: “El Salvador tiene un gobierno criminal”.

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Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Foto EDH/ Yessica Hompanera

Por S. Enrique Anaya

2021-12-13 6:47:58

PUESIESQUE…la semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América designó a cuatro funcionarios salvadoreños (junto a otras personas) bajo la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos, conocida como ley Magnitsky.

Es útil tener presente los antecedentes de dicha ley estadounidense:

• En 2008, Serguéi Leoidovich Magnitsky, abogado ruso especializado en derecho tributario, denunció una trama de corrupción que involucraba a funcionarios de la oficina tributaria, del poder judicial y la policía.

• Entonces, Magnitsky fue acusado de evasión fiscal, por lo que fue detenido en noviembre de 2008.

• Pasó casi un año en prisión, sin ser sometido a juicio, y falleció en una cárcel moscovita en noviembre de 2009, por una paliza y por falta de cuidados médicos.

• Ello motivó que en 2012, Estados Unidos emitiera la Ley Magnitsky, originalmente dirigida contra funcionarios rusos, pero luego ampliada contra cualquier ex funcionario o funcionario estatal que, de acuerdo a la administración estadounidense, esté involucrado en serias violaciones a los derechos humanos o en esquemas de corrupción a gran escala.
• La designación de una persona -natural o jurídica- bajo la Ley Magnitsky implica la imposición de sanciones (sobre todo, de carácter migratorio, congelamiento de bienes en jurisdicción estadounidense y prohibición de transacciones).

• En 2019, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó a Rusia por el caso Magnitsky, por violación del derecho a la vida y por vulneración del derecho a un proceso justo.

En el caso salvadoreño, las designaciones hechas contra funcionarios estatales son de altísima gravedad, ya que:

• por una parte, la designación del Director de Centros Penales y del Director de Reconstrucción de Tejido Social se basa en que los mismos han facilitado, liderado y participado en negociaciones con las organizaciones MS-13 y Barrio 18, para conceder beneficios a los integrantes de dichas pandillas; y,

• por otra parte, la designación de la Jefa de Operaciones y de Gabinete se sustenta en identificarla como la líder o “cabeza” de un esquema multimillonario de corrupción durante la pandemia, sobre todo en relación con la construcción de un hospital, compra de insumos médicos, reventa de equipo donado y uso fraudulento de las bolsas de alimentos.

La gravedad de los hechos que el Departamento del Tesoro hace públicos trasciende más allá de eventuales responsabilidades personales que podrían reclamarse contra los funcionarios designados, ya que los comunicados de la oficina estatal relatan un contexto todavía -si cabe- más preocupante, pues se hace relación de tales eventos pero referenciados con la actual administración presidencial, al grado que se consigna, en uno de los comunicados: “En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele (Bukele) brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas (…).

No se trata, entonces, de que el Departamento del Tesoro efectúe imputaciones personales, sino que está informado de que en la actual administración presidencial existe, tanto un esquema de crimen organizado -negociaciones ilícitas con las pandillas- como una estructura de corrupción a gran escala, en la que participan funcionarios ministeriales y asesores del presidente.

Así que, si eliminamos los eufemismos diplomáticos y nos expresamos en términos directos, lo que Estados Unidos está diciendo es, resumido en una frase: “El Salvador está gobernado por una mafia”; o, si lo queremos exponer sin tapujos: “El Salvador tiene un gobierno criminal”.

Y no se trata, según el Departamento del Tesoro, de una criminalidad por omisión o ineficiencia, sino todo lo contrario: de ser ciertos los eventos relatados por la administración estadounidense, El Salvador queda prácticamente como un Estado fallido y un gobierno criminal, en que cual campea a su gusto el crimen organizado y la corrupción.

Las designaciones hechas bajo la Ley Magnitsky nos muestra, entonces, un catastrófico destino para el pueblo salvadoreño, sobre todo para los más vulnerables, ya que nos demostraría que a los salvadoreños, la actual administración presidencial nos está robando nuestro presente…y también nuestro futuro. Y ello porque:

• primero, la corrupción implica la apropiación de fondos públicos para beneficios personales, así que, dicho abreviadamente, nos están robando nuestro dinero y, además, imposibilitan el progreso; y,

• segundo, la negociaciones del gobierno salvadoreño con el crimen organizado significaría que se está impidiendo un desarrollo social inclusivo, condenando a miles de connacionales a subsistir en un mundo delictivo.

Esas designaciones estadounidenses muestran el verdadero rostro de la actual administración presidencial salvadoreña, ya sin el maquillaje de la propaganda: crimen organizado y corrupción. Y eso ¡no tiene nada de cool!

Abogado constitucionalista.