La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha venido desarrollando, en los últimos seis meses, una serie de conferencias en línea (Webinar) que recogen testimonios, propuestas y recomendaciones para los sistemas educativos latinoamericanos, sobre qué hacer y cómo enfrentar, desde los centros escolares, la pandemia del COVID19 y sus consecuencias.
En uno de los webinar recientes se propone que cada escuela, al reabrir sus puertas, debe convertirse en un centro “promotor y generador de salud”, como medida indispensable que evite la propagación de enfermedades y muerte para la comunidad educativa, no sólo por el coronavirus, sino para neutralizar una serie de infecciones propias de estas zonas.
El reto en cada país no se reduce a empoderarse de la nueva realidad que ha venido a sacudir a la humanidad y a desnudar la situación concreta en que viven, en especial, las escuelas públicas en cada país de Latinoamérica, sino, además, a ver este momento como la gran oportunidad de entrarle a fondo al sistema educativo.
La propuesta de estos expertos incluye una nueva organización de la escuela que conforme “un plan de salud y bienestar integral” incorporado al Plan Educativo Anual que posibilite “un centro acogedor, seguro, saludable y sostenible” que vuelva esta experiencia de la pandemia en una nueva oportunidad para el aprendizaje. Se trata, ni más ni menos, de una verdadera transformación del sistema de escuelas públicas de estos países.
Menudo reto para un sistema educativo como el salvadoreño que, según datos del MINED, de hace unos cinco años, alrededor de 1,138 centros escolares carecen de cañerías para poder llevar agua potable a más de 153,000 estudiantes. Estamos hablando de dos de cada 10 centros escolares en esas condiciones.
El Ministerio de Educación, según datos de la administración anterior, de las más de 5,000 escuelas públicas, hay 3,300 en condiciones “menores a lo mínimo requerido” para ofrecer educación de calidad; es decir, aulas en buenas condiciones, salas de cómputo, bibliotecas escolares, áreas para actividades artísticas y deportivas, cocina apta para preparar el refrigerio, servicios sanitarios higiénicos, agua potable, etcétera; significaría que, para cada centro escolar se necesitan, al menos, unos 100,000 dólares; es decir, más de 300 millones de dólares sólo para el total de escuelas con problemas. Todo esto, sin tomar en cuenta la inversión anual en mantenimiento y lo que se agregaría con las readecuaciones que garanticen el obligatorio distanciamiento social en el marco de la pandemia, la compra de alcohol gel, mascarillas e implementos para limpieza, además del pago por los servicios de desinfección, al abrir las escuelas. No hay que olvidar, por supuesto, el subsistema de educación virtual que poco a poco va tomando cuerpo en el nuevo quehacer educativo de este país y que requerirá una fuerte cantidad de recursos y capacitaciones a los docentes.
Los ciudadanos veríamos con muy buenos ojos el inicio de una verdadera transformación del sistema educativo nacional, tantas veces prometida, e, incluso, podría inaugurar una inédita forma de conectar y contrastar las promesas de los políticos durante las campañas electorales con su real cumplimiento.
Convertir un centro escolar en “promotor de la salud, acogedor, seguro, saludable y sostenible” en cada comunidad, como proponen en estas conferencias de la UNESCO, requiere de un esfuerzo supremo que va más allá de los 20 millones de dólares adicionales al presupuesto que actualmente se están solicitando y que servirían únicamente para dar una manita de gato al sistema educativo.
Profesor, Licenciado en Letras y Maestría en Política y Evaluación educativa