Por La expresión “otrosí” solía ser utilizada en el lenguaje jurídico forense, especialmente en los escritos que se presentaban en los tribunales, y el abogado se percataba de alguna omisión y la incluía al final del escrito; también se utiliza el término latín de “addenda”. En este caso, a partir de la publicación del 31 de mayo de 2025, sobre los veinticinco actos antijurídicos más graves de la actual dictadura, recibí varios mensajes señalando que había omitido tal o cual situación. Así que decidí ampliar aquella lista, dejándola provisionalmente en treinta. De igual manera, en respeto a las garantías básicas de presunción de inocencia y juicio previo, hablaremos de presuntos actos antijurídicos, pues para que sean consideradas verdad, deben pasar por la autoridad de la cosa juzgada, en un juicio público en el que se les aseguren a los implicados, todas las garantías necesarias para su defensa, como reza nuestra aún vigente Constitución de la República.
26. Negociación con las pandillas para fines de control territorial y fines electorales
Diversas investigaciones periodísticas han documentado negociaciones entre el gobierno actual y las principales pandillas del país. Según informes del Departamento de Justicia de EE.UU. y periódicos digitales como El Faro (otrora, alabados por funcionarios del actual gobierno por la objetividad de sus investigaciones), funcionarios del gobierno habrían acordado con las pandillas reducir homicidios a cambio de beneficios como mejoras en condiciones carcelarias y apoyo electoral. Estas negociaciones habrían incluido cambios legislativos y judiciales, así como la excarcelación anticipada de líderes pandilleros.
27. Liberación de líderes de pandillas
Las mismas investigaciones apuntan a que este gobierno facilitó la liberación de líderes pandilleros a cambio de favores políticos. Se han documentado varios casos, en los que líderes de las pandillas que habrían sido condenados, habrían salido de las prisiones y que posteriormente habrían sido llevados a apartamentos de lujo en las zonas exclusivas de San Salvador, y luego habrían sido trasladados a Guatemala. Varios de ellos, han sido recapturados por las autoridades estadounidenses, donde se han judicializado casos contra ellos. Además, se han identificado reuniones entre funcionarios del gobierno y líderes pandilleros dentro de centros penitenciarios, a menudo con la presencia de personas enmascaradas, lo que sugiere un intento de ocultar estas interacciones.
28. Incremento patrimonial del gobernante y su familia
Investigaciones periodísticas, de igual manera, han revelado que durante su mandato, el ex presidente y actual dictador y su familia, han adquirido al menos, más de una treintena de propiedades por un valor total de varios millones de dólares. Estas adquisiciones incluyen tierras de cultivo y apartamentos de lujo, realizadas a través de sociedades encabezadas por miembros de su familia. La dificultad de fiscalizar la certeza o no de estos señalamientos, se debe a la derogatoria de las leyes que establecían controles para evitar actos de corrupción (Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público, LACAP) y a la cooptación de los órganos que exigen rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos (Corte de Cuentas de la República, Sección de Probidad de la CSJ) y que permitían la transparencia (Instituto de Acceso a la Información, IAIP).
29. Caso COSAVI y financiación del partido oficial
El caso de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI de R.L.) involucra la presunta utilización de los fondos de los ahorrantes, tanto particulares como de instituciones públicas, para financiar actividades del partido oficialista. La posibilidad de conocer realmente qué ha pasado, también se ha dificultado por la reserva que tiene el caso. Sin embargo, investigaciones periodísticas han identificado irregularidades en préstamos otorgados a funcionarios y sus familias, que posteriormente fueron utilizados para adquirir propiedades. Estas acciones han sido interpretadas como un intento de desviar recursos públicos hacia fines partidarios.
30. Exacción de dinero a familiares de presos del sistema penitenciario
Se han reportado casos en los que funcionarios del sistema penitenciario habrían exigido pagos a familiares de personas privadas de libertad, a cambio de beneficios como visitas o mejoras en las condiciones carcelarias; de igual manera, la exigencia de una cuota mensual que oscila entre doscientos a trescientos dólares por cada interno, para comprarles alimentos; lo mismo que la venta del paquete que incluye ropa, calzado y aseo personal. En ningún lugar del mundo, excepto acá, se exige que las familias de los reos mantengan a los privados de libertad o que colaboren en su mantenimiento. Los privados de libertad son responsabilidad del Estado, y este debe velar por sus necesidades. Además, esa exigencia carece de fundamento legal y no está sujeta a transparencia, ni rendición de cuentas. Las familias pagan y no se les entrega factura o recibo por el dinero que aportan; y en muchos casos, desconocen en qué Centro Penal están, o lo más grave aún, si están con vida. Estas prácticas constituyen una forma de extorsión y violación de los derechos de los reclusos y sus familias.
Hay más situaciones que tienen fuertes indicios de antijuridicidad, que se deriva de la ausencia del Estado de Derecho, de la separación de poderes y del debido proceso; producto de la concentración de poderes. Y son prácticas que oportunamente deberán investigarse para determinar la certeza o no de tales señalamientos.
Juez y profesor universitario