Los nombramientos de funcionarios en seguridad pública por el presidente Nayib Bukele reflejan un cambio de paradigma en seguridad pública. Tuvimos en el gobierno anterior una “policialización” de estas carteras de Estado; sin embargo, el nombramiento como ministro de Justicia y Seguridad de Rogelio Rivas y como director de centros penales al exdiputado Osiris Luna nos revelan que la transición hacia un modelo de seguridad ciudadana se avecina pronto.
Solamente el director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, es un policía de carrera; sin embargo este nombramiento es acertado debido a que la experiencia operativa y táctica de haber dirigido grupos especiales de la corporación como el Grupo de Reacción Policial (GRP). Esto le permitirá desarrollar territorial y estratégicamente despliegues policiales que permitan recuperar las zonas controladas por las maras y pandillas, una promesa del presidente Bukele.
Recordemos que la seguridad pública se orienta a disciplinar el comportamiento de la sociedad mediante acciones normativas del orden público; es la garantía que el Estado proporciona para asegurar el orden público, proteger la integridad física de las personas, sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones o reglamentos gubernamentales y de la policía, colaborar en la investigación y persecución de los delitos y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.
La delincuencia en nuestro país ha tenido una mutabilidad enorme, robusteciendo su músculo criminal mediante delitos como la extorsión, la cual debe erradicarse y cortar de raíz la oxigenación que brinda a estos grupos criminales de índole transnacional. Los “estados vacíos”, como se le conoce en seguridad ciudadana a los territorios controlados por las maras y pandillas por haber perdido legitimidad de brindar seguridad pública, se han expandido. Significa que la seguridad pública es endeble e insuficiente para recuperar estos territorios.
La nueva visión de las autoridades de seguridad pública es iniciar y profundizar en la creación de un modelo amplio de seguridad ciudadana, donde se involucrarán otras instituciones como ONG de cooperación internacional, gobiernos locales y empresas privadas, articulando un andamiaje interinstitucional y logrando a la vez una mejor transparencia de las políticas públicas y criminales. La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, en colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos. Entre lo que se busca implementar figura desarrollar la seguridad societal, algo que el gobierno del FMLN desatendió completamente. Ejemplo de ello fueron las tristes caravanas migrantes hacia EE.UU. de compatriotas que desesperadamente dejan el país porque en sus zonas de residencia la vida es prácticamente inviable por la criminalidad.
La seguridad societal se enfoca en prevenir el flujo masivo de las migraciones, es imprescindible atender todos los factores multicausales que la provocan, los cuales en nuestro país van aumentando considerablemente. La nueva visión del arquetipo de seguridad ciudadana busca que el Estado llegue a zonas marginales donde la prevención comunitaria es clave y resarcir el tejido social resquebrajado desde hace décadas. Definir la seguridad societal significa no sólo considerar sociedad y seguridad, sino también sociedad más seguridad. La seguridad societal es la que nos permite hablar de “nosotros”. La intensidad de este “nosotros” puede variar en un amplio espectro respecto al tamaño del grupo al cual se aplica, a la intensidad de percepción y a las razones que crean el sentido de pertenencia.
Las proyecciones son ambiciosas y las expectativas de la población muchísimas… por el bienestar de nuestro país esperemos que estos cambios sustanciales sean exitosos.
Analista político y consultor en Seguridad
@LuisSaxum