“Yo digo que no le demos tanto volumen al caso de Mauricio Funes. Es muy poca cosa para estar dedicándole mucho tiempo” dijo el Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, al ser cuestionado si las autoridades salvadoreñas insistirán en una orden de difusión roja contra el ex presidente prófugo.
Puede indicar profundo desprecio por un personaje, cuyas únicas credenciales antes de llegar a presidente fueron sus incisivos cuestionamientos a las personas que entrevistaba en TV, y la frecuencia con que su nombre aparecía en las listas de morosos en tarjetas de crédito, y que con el FMLN ganó la presidencia prometiendo un cambio para combatir la corrupción.
Dice el Ministro que aunque todos quisiéramos que viniera para ser juzgado, eso no depende de nosotros, sino del Gobierno de Nicaragua, pues por el momento sus esfuerzos están enfocados en el plan antipandillas. Pareciera que no vale la pena esforzarse cuando el prófugo ladrón está protegido por Ortega y que resultarían vanos los esfuerzos de la justicia salvadoreña. ¿Tiró la toalla?
Pero un colectivo de abogados de Nicaragua ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia de ese país, un recurso contra la nacionalidad de Funes, su pareja y sus hijos pues esa decisión exprés violó el artículo 5 de la Constitución nicaragüense, que exige haber vivido cuatro años en ese territorio para obtener la nacionalidad. En dicho recurso se demanda al Estado de Nicaragua, al no cumplir con el requisito de no tener cuentas pendientes con la justicia en su país de origen.
Para los salvadoreños es un punto de honor que si el Gobierno de NI está luchando contra la corrupción, sus funcionarios debían dedicar sus mayores esfuerzos para que todo el peso de la ley caiga sobre un individuo que aun en el exilio, sigue burlándose en las redes sociales, no solo del gobierno, sino también del pueblo salvadoreño.
Es evidente el robo de los $351 millones, cuando su sueldo durante los 60 meses en la presidencia no permitía la vida de millonario, con gastos extravagantes que solo quien no ha tenido y llega a tener puede realizar usando dinero ajeno. Relojes, trajes, viajes, residencias para él y su parentela, vehículos de lujo, puros cubanos de fina marca confirman declaraciones en su contra y los videos donde aparece el bochornoso acto de sacar el dinero en efectivo, en bolsas de basura transportadas en carretas, del Banco Hipotecario. Existe también la acusación del supuesto pago de soborno al ex fiscal Luis Martínez para evitar investigaciones, evadir el pago de impuestos, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos, con el objeto de vengarse del ex presidente Francisco Flores, de cuya muerte resulta indirectamente responsable.
También es responsable del daño contra los intereses del Estado Salvadoreño con la Presa El Chaparral que de un monto inicial de $219 millones, terminará costando $470 millones, si algún día se termina. Una serie de actos turbios alegando que se movió la montaña y terminó con un maquiavélico arreglo entre CEL y Astaldi, en pagar $108.5 millones ($63 millones por el 29% de la construcción y otros $45 millones) que según la Fiscalía no fueron justificados.
¿Será que a pesar de todas estas acciones, que constituyen delitos, el Ministro de Justicia considera que al caso Funes no hay que darle tanta importancia? Recuerda una obra teatral de Oscar Wilde titulada “Una mujer sin importancia” para referirse a una ex amante y madre de una criatura. Para los salvadoreños el caso Funes debe permanecer abierto hasta lograr que caiga sobre él todo el peso de la ley y las autoridades tienen la obligación de esforzarse para conseguirlo.