En Nicaragua es delito portar la bandera nacional. Vestir de azul y blanco u ondear aquel símbolo patrio es muestra de respaldo a la oposición política. También reprimen por asistir a Misa en apoyo a los presos políticos. Los que visitan las tumbas, donde fueron inhumadas las víctimas, se arriesgan a ser detenidos. El régimen condena con una letra escarlata a los presos políticos que consiguieron la libertad. Los obligan a llevar una leyenda en su documento de identidad que los señala como “procesado por tranquista” (provocador de bloqueos). A otros los amenazan con “arrojarlos vivos al volcán de Masaya”. Estas personas son perseguidas y asediadas sin importar que su protesta sea legítima. Reclamar el respeto a los derechos fundamentales es considerado por las autoridades una insolencia que merece castigo.
Para evitar denuncias, el acceso a las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) está restringido por la policía. Los que se acercan a esa instancia tienen que enfrentarse a los oficiales. Además son fichados y otros llevados a las bartolinas. Los funcionarios de la CPDH siguen huyendo del país por amenazas a muerte contra sus hijos. Otros sufren atentados en sus vehículos para provocarles accidentes mortales.
El Gobierno Ortega–Murillo se venga de quienes le critican y coarta a los que pretenden salir a las calles. La policía limita los permisos para las manifestaciones. La feligresía que asistía a una Iglesia para celebrar la liberación de presos políticos fue objeto de balas de goma y gases lacrimógenos. Para neutralizar a sus opositores, Ortega quitó la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales – entiéndase asociaciones y fundaciones – que defienden derechos humanos.
Con el propósito de invisibilizar el descontento ciudadano no se transmiten las marchas en vivo. Los proveedores de cable tienen órdenes expresas del regulador para limitar la señal. Si desobedecen, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos los cancela. Las autoridades allanan las oficinas de los principales medios de comunicación; a otros los cierran. Para evitar la impresión de los periódicos se incauta el papel y la tinta en las aduanas. Algunos periodistas han tenido que exiliarse.
En Nicaragua existen pruebas que confirman el cometimiento de crímenes de lesa humanidad. Como resultado de la represión, los registros de diferentes organismos establecen entre 300 y 600 el número de muertes. Las víctimas son los manifestantes y los miembros de la oposición. Se han certificado ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura contra civiles. También hay asesinatos “selectivos” documentados por la CPDH. Algunos cadáveres han sido mutilados y se encuentran con amputaciones en extremidades. Otros fueron decapitados.
Entre abril de 2018 y agosto de 2019 la CPDH contabiliza 2600 violaciones a derechos humanos. Los centros de detención son verdaderos infiernos. Hay tratos crueles e inhumanos. La insalubridad en estos lugares pone en riesgo la vida de los privados de libertad. El agua no es potable y no hay acceso a servicios de salud. Cuando la Cruz Roja inspecciona los presidios esconden a los capturados. Algunas de las mujeres son violadas y les confiscan sus bienes mientras están encarceladas. Los arrestados por asuntos políticos comparten celdas con delincuentes comunes.
Los principios de la democracia liberal fueron demolidos en Nicaragua. No hay Estado de derecho, desapareció la separación de poderes, no existen jueces independientes y grupos paramilitares –en complicidad con la policía y el ejército- están reprimiendo a la oposición. El Procurador de Derechos Humanos dice que no hay presos políticos, que no se violan los derechos humanos y que no hay torturas ni malos tratos en las cárceles. A quienes resultan lesionados en las calles no los reciben en los hospitales públicos. En la Fiscalía archivan las denuncias de la Asociación Madres de Abril y se niegan a entregarles los dictámenes forenses y los informes de balística.
En resumen, el informe de la comisión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua, publicado el martes 19 de noviembre, dice que esta Nación vive una crítica situación en materia de derechos humanos, pide una urgente reforma en materia electoral, confirma la falta de libertades y la cooptación del Estado, reclama la restauración de las libertades de expresión, reunión y prensa, y recomienda al Consejo Permanente de este organismo que declare una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua.
Los hechos consignados en esta columna, todos incluidos en el informe de la OEA, suceden, increíblemente, en pleno siglo XXI. El Gobierno de El Salvador rechaza el comportamiento autoritario de los Ortega Murillo, contribuyó con la comisión de alto nivel sirviendo como anfitrión para entrevistar importantes testigos, y ahora debe alzar la voz desde el Sistema de Integración Centroamericana cuya presidencia pro tempore la ostenta actualmente el presidente Bukele.
*Doctor en derecho y politólogo