En El Salvador no puede haber reelección presidencial inmediata. Ni en este momento necesitamos una nueva Constitución de la República. Por puro desconocimiento o por intereses personales, hay quienes últimamente se dedican a impulsar la falsa necesidad de que la reelección presidencial o que una nueva Constitución son temas prioritarios para los salvadoreños, cuando la realidad nos está aplastando y nos encontramos sumergidos en una crisis de salud pública y un debacle económico por la pandemia del COVID-19.
Como ya he señalado antes, el debate sobre un cambio de Constitución no es nuevo; ha sido utilizado en campañas políticas electorales y como propuesta de algún político cuando una institución o proceso no es de su agrado, o cuando se han impulsado ideas de ampliar o restringir derechos de las personas. Han existido planteamientos honestos orientados a corregir aspectos como el quórum de votación para la elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Pero también hay propuestas que se basan más en aspectos de interés personal, que en una verdadera intención de avance como sociedad.
Una nueva Constitución es la única vía que queda a las personas empeñadas con la pretensión de reelección presidencial. La Constitución actual trata con un gran recelo este tema. El artículo 75 de la Constitución establece que pierden los derechos de ciudadano “quienes suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. En el artículo 248 de la Constitución se establece como cláusula inamovible (pétrea), que no se puede reformar, el principio de “alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia”. Y el artículo 154 de la misma señala que la persona que ha finalizado los cinco años de periodo presidencial no puede continuar en esa función “ni un día más”.
Por otra parte, una reelección o perpetuarse en el poder no puede ser la pretensión de una persona que se considera respetuosa de los principios de la República. Cualquier candidato a la presidencia, cuando decidió participar en el ruedo democrático, también aceptó respetar las reglas del juego previamente establecidas. Una de ellas es la alternancia en el ejercicio de la presidencia como cláusula fundamental del Estado.
No me voy a cansar de insistir que hablar de un cambio total de la Constitución puede resultar una medicina peor que cualquier enfermedad. Un nuevo texto abre la posibilidad a redactar la mejor Constitución del mundo. Pero también puede ser la oportunidad de alterar aspectos tan fundamentales en una democracia como la forma y sistema de gobierno, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y la existencia de instituciones de control. En un ambiente nacional e internacional donde las credenciales democráticas de los gobernantes se están poniendo en duda, hablar de una nueva Constitución puede ser un riesgo.
Antes de pensar en una reforma o cambio de la Constitución debemos hacer conciencia del cumplimiento de la que ya tenemos. La Constitución de 1983 es un texto bastante completo y que contiene candados para la preservación de un sistema republicano. La mayoría de crisis institucionales que ha atravesado el país son producto de un desconocimiento de las normas constitucionales existentes, así como de una falta de cultura constitucional de muchos funcionarios, quienes por cumplir con sus intereses personales pasan por alto la aplicación de la misma. Esas crisis no fueron producto de la falta de regulación. Las disposiciones están ahí, solo falta que se respeten y se cumplan. Además, la pandemia nos ha traído problemas de salud pública y económicos más importantes en los que todos nos deberíamos enfocar.
Abogada constitucionalista.