El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiere concentrar todo el poder político en sus manos. Washington debe actuar con urgencia para frenar este ataque a las instituciones democráticas en el país. El sábado 1 de mayo fue el primer día en que Nuevas Ideas, el partido de Bukele, contó con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, tras haber ganado las elecciones legislativas en febrero. Y Bukele no perdió tiempo en abusar de su poder adicional. Sus congresistas destituyeron y reemplazaron sumariamente a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, así como al Fiscal General.
Durante el último año, el presidente Bukele ha desafiado públicamente los pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional y ha arremetido contra sus jueces. La reciente destitución de los magistrados representa una embestida directa a la independencia judicial, puesto que los estándares internacionales establecen claramente que ningún juez puede ser destituido solo porque a las autoridades del gobierno no les agradan sus sentencias.
Minutos después de que los legisladores votaran por destituir a los magistrados, la Sala de lo Constitucional determinó que la decisión violaba la independencia judicial y era contraria a la Constitución de El Salvador. “Muchas de las decisiones de los tribunales constitucionales son, por lo general, controversiales”, indicó la corte, y agregó que era normal que el ejecutivo no comparta la decisión. “Pero esas limitaciones efectivas son necesarias para un Estado constitucional y para una democracia, porque sólo entonces los ciudadanos cuentan con una garantía real de que el poder no será monopolizado, de que nadie se perpetuará y de que no se ejercerá en contravención con la norma fundamental”.
A Bukele no le importó nada. Esa noche, los legisladores oficialistas se apresuraron a nombrar nuevos magistrados y un nuevo fiscal general. Un grupo de policías, incluido el director de la policía nacional, Mauricio Arriaza, escoltó a los nuevos funcionarios a sus oficinas. Horas más tarde, Arriaza, quien está siendo investigado por obstruir una investigación por delitos de corrupción contra altos funcionarios gubernamentales, fue recibido con aplausos en el recinto de la Asamblea Legislativa.
Desde que asumió en enero, el presidente de EE. UU., Joe Biden, ha expresado sus “diferencias” y “preocupaciones” respecto al presidente Bukele. Cuando Bukele intempestivamente viajó a Washington en febrero pasado, los funcionarios del gobierno de Biden rechazaron reunirse con él. Por ello, es probable que el Presidente Bukele no se haya sorprendido ante el contundente rechazo de sus ataques al Estado de derecho en Washington, incluyendo del secretario de Estado, Antony Blinken, y de la vicepresidenta Kamala Harris.
Esto tampoco pareció importarle a Bukele. “Queremos trabajar con ustedes”, dijo la noche del primero de mayo en un mensaje de Twitter dirigido a sus “amigos de la comunidad internacional”. “Pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia”.
Ahora, los legisladores de Bukele amenazan con destituir también al procurador de derechos humanos. Y el nuevo fiscal general ya ha manifestado que “revisará” sus acuerdos de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un órgano que combate la corrupción en el país con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Si Bukele continúa con esta arremetida, los salvadoreños no tendrán dónde acudir cuando se violen sus derechos, y los esfuerzos por luchar contra la corrupción desaparecerán.
Este arrebato de poder ha sido una maniobra rápida y audaz, y exige una repuesta similar. Mientras el presidente Bukele desmantela el sistema de contrapesos institucionales es fundamental que haya presión internacional efectiva para proteger los derechos de los salvadoreños y detener esta avalancha contra el Estado de derecho. El gobierno de Biden ha dicho que respetar el Estado de derecho y combatir la corrupción hacen parte de sus prioridades en América Central. Por eso debe hacer mucho más para frenar a Bukele.
Bukele cree que tiene una carta ganadora contra Estados Unidos: la inmigración. Decenas de miles de salvadoreños huyen a EE. UU. cada año y Bukele puede estar actuando bajo el supuesto que el gobierno de Biden necesita tenerlo como aliado para poder atacar los problemas de fondo que obligan a los salvadoreños a huir de su país.
El presidente Biden debe demostrarle a Bukele que está equivocado. Así como a la administración Biden le interesa que cesen las violaciones de derechos humanos que hacen que las personas huyan de El Salvador, el presidente Bukele está interesado en recibir asistencia internacional y multilateral. Bukele necesita acceso a fondos internacionales para sustentar el discurso de la eficiencia estatal que —junto con su estilo excéntrico— le ha permitido conseguir gran popularidad. Si EE. UU. logra que exista un repudio regional y manifiesta de manera inequívoca que los ataques a la independencia judicial tendrán consecuencias, es probable que Bukele ceda ante los pedidos de que se protejan los derechos y se restablezcan las instituciones democráticas.
Para ello, Estados Unidos debe trabajar con los gobiernos democráticos de la OEA para lograr que se genere una condena colectiva. La Carta Democrática de la OEA permite que cualquier Estado miembro —o el secretario general de la organización— convoque a los embajadores de la región cuando un Estado miembro enfrente una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático”.
A su vez, EE. UU. debería aprovechar la significativa asistencia internacional que invierte en el país, así como su determinante influencia en las principales instituciones financieras internacionales, para proteger la independencia judicial y el Estado de derecho en el país. El Salvador le ha solicitado un programa de préstamo multianual por USD 1300 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). EE. UU. debería valerse de su posición en el FMI para insistir que, previo a la aprobación de cualquier préstamo, el gobierno de El Salvador restablezca la independencia de todas las instituciones estatales que son fundamentales para la existencia de un gobierno trasparente que pueda luchar contra la corrupción y el abuso de poder. Esto sería plenamente consistente con el compromiso del FMI de abordar, por medio de todos sus préstamos, los problemas de gobernanza que existen en los países a los que presta dinero.
Estados Unidos también debería exhortar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo a que revisen sus proyectos en curso y los previstos con El Salvador. Estas entidades deberían evaluar si los acontecimientos recientes podrían frustrar sus objetivos o contravenir sus propias políticas institucionales.
Si EE. UU. no adopta medidas contundentes, las consecuencias podrían ser catastróficas, tanto en El Salvador como en el resto de la región. La falta de independencia judicial y la consiguiente imposibilidad de garantizar derechos y combatir la corrupción están entre los principales factores que obligan a miles de mexicanos y centroamericanos a huir hacia los EE. UU. De hecho la independencia judicial se encuentra gravemente amenazada en México, Guatemala y Honduras, y en Nicaragua simplemente no existe. En estos países, la ausencia de medidas decisivas por parte de EE. UU. y la OEA frente a los abusos de Bukele podría interpretarse como una señal de aprobación para que las autoridades sigan atacando o cooptando a jueces y fiscales.
Desde hace más de un año, hemos estado alertando que el presidente Bukele representa una amenaza grave para la democracia y el Estado de derecho en El Salvador. Los acontecimientos del sábado han demostrado que esta amenaza es más clara que nunca. Es igualmente clara la necesidad de actuar de forma decidida, e inmediata.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch. Juan Pappier es investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el periódico The Washington Post.