Pocos días atrás visitamos el monumento a la memoria de las víctimas civiles del conflicto armado. Con preocupación observamos que una pasarela parte de la remodelación al parque Cuscatlán está causando graves daños a los nombres escritos en las placas de granito negro que forman parte de nuestra memoria histórica.
La pasarela está construida con metal que se oxida por la lluvia. Debido a que parte de esta estructura se encuentra arriba de secciones del monumento, el agua con metal oxidado cae en la superficie de las placas y por ello están borrándose algunos nombres escritos en ellas. En algunos casos ya el daño parece irreversible. Resulta difícil entender como en el diseño o ejecución de la remodelación del ?parque no se haya previsto esto.
Pocos, realmente muy pocos, se atreven a negar el valor histórico de este monumento. Miles de nombres de salvadoreños y salvadoreñas que fueron desaparecidos, asesinados, masacrados, desde la década de los Setenta y durante 12 años de guerra, permanecen en mudo testimonio de la crueldad que fuimos capaces de infligirnos y el doloroso saldo de la violación a derechos humanos como una política de Estado.
Es urgente tomar medidas inmediatas para corregir esto construyendo infraestructura que impida que continúe cayendo agua desde la pasarela a las placas del muro. Importante evitar también medidas únicamente temporales y cosméticas, sino garantizar proteger a largo plazo el monumento.
Se ha hecho un llamado al aún alcalde de San Salvador para que actúe prontamente, antes que probablemente termine su mandato y no esperar hasta que pudiera iniciar un segundo periodo en caso fuese reelecto. El edil ha dado respuesta al llamado, pero no explica cómo procederá ni cuando piensa hacerlo. Urge actuar antes del 28 de febrero y coordinar con las organizaciones de derechos humanos que con sus propios esfuerzos y con pocos apoyos desde la cooperación solidaria lograron construir e inaugurar el monumento en el año 2003.
Entre los más de 25 mil nombres que se despliegan en 82 metros de longitud están el de Roque Dalton, asesinado por militantes del ERP en 1975; Lil Milagro Ramírez, desaparecida en 1976; 4 líderes asesinados y 3 desaparecidos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos; las víctimas de masacres como las del Sumpul en 1980 y El Mozote en 1981; seis sacerdotes jesuitas, Elba y Celina Ramos y nueve sindicalistas del atentado contra FENASTRAS en 1989.
La lista puede ser aún mucho más larga, sumar más placas para que entren otros miles de nombres aún no consignados que fueron víctimas por ambos bandos en confrontación armada. El monumento es un legado histórico y es parte del necesario resarcimiento moral y colectivo adeudado a las víctimas. Corresponde a las autoridades estatales sumar esfuerzos para preservarlo y, garante de mantener distancia de cualquier intento de provecho proselitista, el alcalde de San Salvador puede comprometerse a ser parte de esta responsabilidad pendiente que arrastran los partidos políticos que estuvieron al frente tanto de los gobiernos municipales de la capital como del órgano ejecutivo en los últimos 30 años.
Periodista especializada en Derechos Humanos y Educación para la paz.