Los comentarios —algunos ponderados, otros claramente ofensivos—al anuncio de un noticiero televisivo del gobierno, fueron un logro para sus impulsores: que se hablara de ese espacio, ya sea en bien o en mal.
Es un programa cuyo lanzamiento significó la culminación de meses de trabajo, que se anunció en los días previos como si fuera la reivindicación de un medio que lucha por superar problemas propios de un proyecto de esa naturaleza, o que surge en un contexto desfavorable, al usar en su campaña de expectación frases como “aun cuando traten de bloquearnos”.
No es el asunto dilucidar si alguien quiera hacer eso. Tampoco es concentrarse en el equipo humano que conforma ese espacio, mucho menos descalificarles. El punto es que este suceso pone o debería poner en el debate el rol de los medios que administra el gobierno. Son públicos, porque funcionan con recursos del Estado, pagados por todos los contribuyentes.
Existe una connotación que le da a “público” un nivel diferente al de medios oficialistas. Los primeros son los que UNESCO define como” hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir las fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos”.
Comunicacionalmente en este caso se repite con más recursos tecnológicos y financieros lo ocurrido en gobiernos anteriores. Lo hizo la democracia cristiana a mitad de los años Ochenta del siglo pasado; muchos críticos de ARENA le atribuyen en dos décadas de gobierno contar con canal 10, y haber alineado a la mayoría de medios.
El FMLN hizo lo propio con la televisora estatal. En el gobierno de Mauricio Funes él monto su propio programa de radio, y el de Salvador Sánchez Cerénhizo un intento frustrado por aplicar el modelo de medio público en canal 10, Radio Nacional y una agencia de noticias; también contó con un canal de televisión que llegó a su fin el 3 de febrero de 2019 por falta de anunciantes, el mismo gobierno.
Desde septiembre de 2013 la Asamblea Legislativa tiene en sus archivos la propuesta de Ley de Medios de Comunicación Públicos, que buscaba convertir a Televisión de El Salvador (Canal 10) y a la Radio Nacional de El Salvador en medios con funcionamiento autónomo.
Tal idea no era muy aceptada en algunos círculos, incluso cercanos al gobierno de ese entonces, porque a partir de figuras como pluralidad ideológica, política, cultural, inclusión social, derechos humanos, cultura de paz, identidad nacional, memoria histórica, participación ciudadana y construcción de ciudadanía, la población podría alcanzar niveles de conciencia peligrosos para el estado de cosas
El noticiero que lleva el nombre del país aparece como parte de la tradición establecida por la costumbre en los gobiernos, tras varios meses del predominio de una narrativa donde los medios no dicen la verdad, y hay apología a la violencia; mientras algunos medios enarbolan la bandera del carácter fiscalizador de la prensa como un aporte a la transparencia y rendición de cuentas.
Los medios públicos no son del interés de gobiernos pasados y del actual. Tampoco lo son para los políticos de uno u otro color, pero todos hablan en nombre del pueblo.
No se trata de que hoy se escuche “nuestra voz”, como se promocionó, ni de que automáticamente es malo un noticiero del gobierno. Se ha perdido la oportunidad de que haya medios públicos, que como plantea UNESCO, apliquen el pluralismo, la diversidad, que tengan independencia editorial, financiación apropiada, rindan cuentas y sean transparentes.
Periodista.