Periodismo: profesión de alto riesgo sin protección en El Salvador

Será responsabilidad de las autoridades del Órgano Ejecutivo si dan largas al asunto para que el tema quede en la siguiente Asamblea Legislativa favorable a su gestión, que ha recibido varios llamados de organismos internacionales por lo que se le señala como una permanente agresión contra el periodismo independiente

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Las detenciones fueron realizadas en los municipios de San Rafael Obrajuelo y San Pedro Masahuat, ambos de La Paz, informó la Policía. Foto de referencia / EDH / Archivo.

Por Celia Medrano

2021-03-23 7:09:57

Nuevamente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa suspendió este lunes la sesión para discutir la propuesta de ley de protección a Periodistas y comunicadores presentada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Una violación a derechos humanos se comete por acción estatal o por inacción. El no aprobar una ley para la protección de periodistas en un país donde ejercer periodismo es una profesión de alto riesgo configura una violación a derechos humanos cometida por todas las representaciones partidarias de la actual legislatura.
La falta de una norma específica para proteger a quienes se desempeñan, bajo método y normas éticas profesionales, en el derecho y deber de informar y comunicar, es una omisión que acarrea mayor riesgo y vulnerabilidad para la libertad de prensa, particularmente contra el periodismo crítico e independiente. El no hacer nada o dilatar injustificablemente acciones preventivas y garantes para la protección de un derecho humano configura también una responsabilidad por parte de actores estatales. A pocas semanas que concluya esta legislatura, esta inacción repercutirá en la afectación también a los derechos de acceso a información, expresión, opinión, petición y organización de la ciudadanía, derechos que probablemente se verán obligados a invocar en muy corto plazo los ahora diputados y diputadas salientes del parlamento.
El Salvador está en el lugar 74 de la clasificación mundial sobre libertad de prensa elaborada anualmente por la organización Reporteros Sin Fronteras. Para el 2020, el número 1 de esta clasificación está asignado a Noruega y el número 179 asignado a Turkmenistán como uno de los países más cerrados del mundo. Para Reporteros Sin Fronteras, los medios de comunicación son víctimas del narcotráfico y de la violencia generalizada en El Salvador. En los últimos años varios periodistas han sido asesinados y se han registrado diversos casos de agresiones. La legislación salvadoreña, advierte esta organización internacional, protege poco a la prensa y los periodistas que investigan temas relativos a la corrupción o las finanzas públicas padecen intimidaciones y presiones de funcionarios.
La semana pasada, los miembros de la Comisión de legislación acordaron reprogramar la discusión de la propuesta de Ley para la protección de periodistas debido a que algunos de sus integrantes plantearon dudas con respecto al artículo 2 del anteproyecto. Convocaron a representantes de APES que se presentaron esta semana sin que la reunión de la comisión se concretara por aparente falta de quorum. Para el Relator Especial de Libertad de Expresión de APES, Serafín Valencia, se ha tratado y se trata de falta de voluntad política y de “miopía” política por parte de los legisladores que no ven las graves consecuencias de su inacción.
Podrían darse justificaciones alegando que la ley en caso lograse ser aprobada sería observada o vetada por Casa Presidencial y los tiempos de la actual legislatura ya no son suficientes. Sin embargo, una explicación de esa naturaleza no es válida. Esta propuesta está en el seno de esta Asamblea Legislativa desde el 2018. Ha sido evidente que los tiempos de los partidos políticos, y sus prioridades, no han estado a la altura de la urgencia de proteger la libertad de expresión e información.
Con un margen al límite, aún se está a tiempo esta semana de corregir. Será responsabilidad de las autoridades del Órgano Ejecutivo si dan largas al asunto para que el tema quede en la siguiente Asamblea Legislativa favorable a su gestión, que ha recibido varios llamados de organismos internacionales por lo que se le señala como una permanente agresión contra el periodismo independiente. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa habrá cumplido, evitando con ello ser responsable de un nuevo golpe a la integridad y seguridad contra hombres y mujeres que día a día se arriesgan por cumplir con su misión de informar y comunicar con ética y verdad en uno de los países más peligrosos y hostiles para la prensa en América Latina.

Periodista especialista en Derechos Humanos y Educación para la Paz..