Para nadie es un secreto que las sociedades modernas, entre todos los problemas que enfrentan, tienen que lidiar con la escasez del agua potable y con el acceso igualitario a ella. Las implicaciones de este problema son muchísimas, lo que hace que las condiciones de vida de millones de personas sean deplorables; de acuerdo con la UNICEF, las estadísticas relacionadas a este problema son las siguientes: alrededor de 2,200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura, 4,200 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento sostenible y 3,000 millones carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos. Es un tema que, si bien se aborda a nivel social y político, debe llevar más concreciones prácticas.
El agua es un bien valiosísimo para conservar la vida en nuestro planeta. Al ser un recurso no renovable, se vuelve imperante la necesidad de cuidarla y de gestionar su administración de la mejor manera, de forma que llegue a todos, pues, al contrario de lo que algunos sectores quieren hacernos creer, el agua es un derecho humano reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 64/292 y próximamente tendrá su consagración en nuestra Constitución cuando la nueva Asamblea Legislativa ratifique dicha reforma.
De acuerdo con estudios de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los actores principales de la falta de agua son la agricultura y el cambio climático. Es preocupante que una sola actividad consuma 70 % del agua a nivel mundial y, si a eso le sumamos las altas tasas de contaminación y el descontrolado crecimiento poblacional en ciertos países, se vuelve una combinación bastante tóxica que al final repercute y repercutirá sobre nosotros mismos.
Ahora bien, si nos centramos en nuestro país, hemos sido testigos de los problemas relacionados al agua y de cómo, tanto en zonas rurales y urbanas, estos representan un conflicto. En las zonas rurales, según National Geographic, más de 600,000 personas no tienen acceso a agua potable; esto es producto de la sobreexplotación de los recursos naturales, la falta de una correcta regulación sobre el tema y la ausencia reiterada de instituciones que defiendan la vida y el desarrollo humano sobre otros intereses. Asimismo, se está discutiendo, en el seno de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático, la Ley General del Agua, que representa un hecho sin precedentes para nuestro país.
Por último, resulta inconcebible que, a pesar de todo el contexto notorio sobre la situación del agua a nivel mundial y en nuestro país, los intereses de determinados grupos de poder sigan teniendo tal peso que hagan ceder a instituciones cuyo rol es defender estos recursos vinculados con la vida y dignidad de la persona humana. Esperemos que nuestros gobernantes sean objetivos, que piensen en el bienestar de la población y que no se dejen engañar por espejismos, que simulan ser progreso, cuando en realidad son generadores de muerte.
Estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)