El patrimonio cultural salvadoreño es parte integral de la identidad del país. Museos, teatros, catedrales, calles, ruinas y muchos otros sitios forman parte de la historia del arte de El Salvador. Son vestigios de las luchas, triunfos, hechos, historias y personas que hicieron de la nación lo que hoy es y por lo que, consecuentemente, están dotados el valor cultural necesario para el desarrollo social e integral de la población salvadoreña. El sentido de pertenencia y la apreciación de la belleza a algo que consideramos nuestro son sentimientos fundamentales que nos motivan a proteger y, en última instancia, a construir el mejor legado posible para nosotros y para las generaciones venideras. Del mismo modo, el patrimonio ambiental es de suma importancia para el desarrollo de la población salvadoreña. Aspectos como la recreación y salud de los ciudadanos, así como la economía sostenible a largo plazo dependen en gran medida del nivel de atención y cuidado que se les den a estos espacios naturales. Sin embargo, en los últimos meses pareciese que varias políticas públicas y proyectos económicos han sido puestos en marcha a costa de la preservación de estos sitios de esparcimiento cultural o ambiental.
Entre los eventos más recientes, y dentro de los esfuerzos del gobierno por promover a todas luces la inserción del Bitcoin dentro de la economía salvadoreña, se construyó un quiosco “Chivo” justo enfrente del Palacio Municipal de Santa Ana. Este edificio fue construido en 1874, retocado en varias ocasiones y es considerado como un bien cultural de la República de El Salvador. Si bien la estructura del edificio no fue propiamente manipulada, el quiosco obstruye la vista de una buena sección de la fachada, la cual sí constituye parte integral del valor artístico y cultural del monumento.
Los atropellos a la cultura no terminan ahí. En mayo de este año, el Ministerio de Cultura comunicó la construcción de una nueva biblioteca nacional para la cual es necesario la demolición del actual edificio en el que se aloja la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia. Sin embargo, debido a su arquitectura característica de la época de su construcción, 1962, y a su contenido histórico, como primera sede del Banco Hipotecario, el edificio fue calificado como patrimonio cultural bajo decreto legislativo en el 2008. Debido a esto, la edificación goza de protección legal y no puede modificarse, sino sólo bajo trabajos de restauración, por lo que sería totalmente ilegal derribarlo por completo. Aun así, ni el Ministerio de Cultura ni la Secretaría de Cultura de la presidencia tomarán cartas en el asunto y solo se empeñarán en la promoción de la nueva Biblioteca Nacional a costa del valor histórico de la presente.
Pero no es solo el patrimonio cultural el que corre peligro, sino también el medio ambiente. En noticias recientes, se hizo pública la intención del Ministerio de Obras Públicas por construir una rampa vehicular sobre parte del bosque El Espino. Si bien aún está bajo la fase de estudio, el simple hecho de considerar tal idea es una amenaza a uno de los pocos grandes pulmones del Área Metropolitana de San Salvador, sin contar el número de especies en peligro de extinción y el retroceso en temas de recreación ciudadana y belleza natural. Aún si no se considera el hecho de que dicho tramo vial no solucionaría el tráfico de la zona, el desarrollo económico no debe realizarse a costa del desarrollo social, cultural y medio ambiental; de lo contrario, dichos avances serían todo menos integrales.
Lastimosamente, no encontramos con un El Salvador y con un Gabinete Ejecutivo con un par de miembros desaparecidos. Pareciese que Cultura y Medio Ambiente han sido relegados a meras instituciones informativas, anunciando eventos artísticos o tormentas próximas, pero nunca velando por la preservación del patrimonio salvadoreño. Si al deficiente gobierno central le añadimos unos gobiernos locales igual o peor de deficientes, como el de Henry Flores pintando el Palacio Tecleño de celeste o Will Salgado podando toda una vía de árboles en San Miguel, nos encontramos con que los proyectos gubernamentales atentan contra otros derechos y áreas del desarrollo de la ciudadanía.
Creer que la única forma de implementar un proyecto económico o infraestructural es pasando por encima del patrimonio cultural o ambiental es una mentalidad reducida. Las mejores soluciones, los mejores proyectos y las mejores políticas son las integrales, las que no sacrifican valor cultural por valor económico. Ambas son de suma importancia y no tienen porqué ser excluyentes.
Estudiante de Economía y Negocios Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)