PUESIESQUE…les confieso que la semana pasada no compartí reflexiones, pues dediqué tiempo a una reunión familiar pendiente desde hace casi 4 décadas, así que me disculparán, pero aquí estoy de nuevo, agradeciendo que me concedan parte de su valioso tiempo.
Al revisar las notas periodísticas, declaraciones gubernamentales y redes sociales de la semana pasada me quedé estupefacto…parece que la actual administración presidencial lleva al país directamente a un remoto pasado, y no únicamente a la triste experiencia del predominio militar en la vida pública (con la vergonzosa toma militar de la Asamblea Legislativa, en el desdichado 9 de febrero), sino que ahora predican y castigan al estilo de relatos míticos y las peores historias de la humanidad.
Como algunos insisten que en El Salvador no solo tenemos Presidente de la República, sino que esa misma persona también es un profeta que tiene enlace directo con Dios (con quien se comunica directamente mediante una conexión más rápida que 5G), resulta que, al modo de los relatos ficticios de libros antiguos y las más vergonzosas historias humanas, la administración presidencial salvadoreña dispone castigos colectivos, retrocediendo cientos de años en la evolución de la humanidad.
En efecto, frente al condenable asesinato de 2 soldados, el Presidente de la República, en lugar de ordenar y poner a disposición los medios para la pronta investigación de los hechos y la captura de los autores de los delitos, ordena –por Twitter, como no podía ser de otra forma- un estado de emergencia en todos los centros penales del país, formulado en términos propios de represalias teocráticas: “(…) todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, 0 visitas, 0 actividades, 0 patio, 0 tiendas, todos en sus celdas, incomunicados 24/7, hasta nueva orden”.
Vaya vé…ahora resulta que además de profeta, la administración presidencial también se cree ángel exterminador. ¡De terror, muchá!…Si poquito más y ordena, al estilo de Sodoma y Gomorra, que caiga fuego sobre los centros penitenciarios.
Explico mi perplejidad: una de las grandes conquistas de la civilización en los últimos siglos es la exigencia de responsabilidad penal personal y no colectiva, es decir, cada persona responde por su propia conducta –hechos y omisiones-, pero no se impone a un grupo social –cualquiera que sea– responsabilidad, consecuencias o castigos por la conducta de uno de sus –posibles– miembros.
Por ello, los castigos colectivos son una rémora que resulta inadmisible hoy día: así, por supuesto que condenamos el asesinato de los 2 soldados, pero, ¿por qué castigar a toda la población carcelaria salvadoreña, formada por decenas de miles de personas, por hechos en los cuales la inmensa mayoría seguramente no ha participado?
Y es que en una democracia, en un Estado constitucional de Derecho, lo que debe prevalecer es la ley y no los caprichos, las angustias, los desvelos, los enojos o los antojos del coyuntural funcionario de turno –así sea la Presidencia de la República-: así, la ley ya dispone qué funcionario es competente y bajo qué circunstancias y por cuánto tiempo es viable decretar un estado de emergencia en un centro penal y, definitivamente, el Presidente de la República no tiene potestad legal para decretar tales estados de emergencia, ni tampoco de modo generalizado.
Bueno, a ver si con este nuevo dislate jurídico de la administración presidencial vuelve el tour de medios de comunicación de los asesores jurídicos de Casa Presidencial –no constitucionales…de esa materia, ni de lejos tienen–…a ver si como defendieron un fallido golpe de Estado, ahora justifican la imposición de castigos colectivos a modo de plagas de origen divino.
Abogado constitucionalista.