Durante las últimas dos campañas de alcaldes el ofrecer video vigilancia ha sido uno de los proyectos más emblemáticos de los aspirantes a ganar las elecciones municipales o mantenerse, pero lo han hecho sin informar a los ciudadanos lo más básico: cuándo, cómo, dónde, quién lo hará, y cuánto les costará entre otras. Cuando gana la elección comienzan las sorpresas. Resulta que ya tenían un estudio de seguridad que no dieron a conocer en la campaña, ya está la empresa pero siguen sin decirle a los ciudadanos que son ellos y las empresas del municipio las que pagarán ese “capricho” y que además les sirve para jactarse en medios y ante sus colegas alcaldes como todos unos expertos en video vigilancia e internet.
Los casos más emblemáticos y de mayores costos son los de la Alcaldía de Santa Tecla, que formó un asocio público privado con Soluciones en Conectividad SA de CV (Netsolutions), sociedad de economía mixta para más de tres periodos municipales en el que el 80% de los fondos son para la empresa y el 20% para la alcaldía. Esta nueva empresa capta al menos $140,000 mensuales y piensa venderle el servicio a otras municipalidades, empresas privadas y residentes. Son los tecleños y tecleñas los que pagan este servicio sin haber sido consultados y sin información suficiente para opinar. Gran parte de este asocio está blindado con reserva de información, aunque es pagado por los impuestos de los ciudadanos. ¿Quiénes son los socios salvadoreños de esa empresa? ¿Se utilizan prestanombres?
Esta semana la iniciamos conociendo que la Alcaldía de San Salvador cobrará una nueva tasa municipal por servicio de video vigilancia. Se informa que la empresa mexicana EyeTech Solutions SA de CV es la ganadora por un periodo de quince años, por un monto de $84,881,670.45. Mensualmente la alcaldía, por medio de sus contribuyentes, pagará nada menos y nada más que $400,000.00 y que será cobrado según el estrato social, pero la Alcaldía “no ha terminado de definir las tablas con las tasas”. Se nos quiere hacer creer que una licitación, que los términos de referencia, costos financieros y más, se hacen sin un estudio de lo que se le cobrará a los ciudadanos, empresas y negocios. Además se informa que las empresas, la “clase alta” el comercio, pagarán y subsidiarán a los demás. Y agrega que las empresas se van ahorrar por pagarle al Alcalde y cumplir su sueño de colocar 1,335 cámaras inicialmente.
Las alcaldías del Gran San Salvador y principales municipios deberían apoyar a la PNC con un plan estratégico para fortalecer su centro de operaciones donde la información es manejada con protocolos y procedimientos para que se convierta en evidencia forense. Al paso que vamos cada alcaldía instalará sus propias cámaras con tecnología diferente, con complicaciones para acceso a distancia, negando o complicando los enlaces a la PNC y FGR.
Si no se trabaja en un plan integrado (que ya lo tiene la PNC) y se hacen eficientes las inversiones se tendrán miles de cámaras pero que al momento de pedir y revisar videos su utilización será mínima. Alguien debe poner orden, ya que hasta el momento sólo está sirviendo mayoritariamente para negocio de pocos y un muy limitado para prevenir, disuadir y combatir el delito a la FGR y PNC.
Por cierto, no conozco ninguna empresa grande, mediana, pequeña que piense quitar sus cámaras porque una alcaldía instalará cámaras. ¿Cuál es el plan de prevención y disuasión de las alcaldías si muchas no tienen CAM, ni vehículos, ni le brinda el acceso a la PNC?
Experto en seguridad y criminología.