Hay un ex presidente preso, aunque con una condena mínima si se compara con el millonario robo a las arcas del Estado y una serie de acciones de corrupción a funcionarios de su entorno, más otro ex mandatario prófugo que además del robo millonario que lo favoreció a él y a su grupo familiar, en un afán de evitar ser sometido a la justicia, se permite el lujo de burlarse del pueblo salvadoreño, al presumir de haber sido blindado con la nacionalidad nicaragüense, gracias a la marufiada del dictador Ortega.
Y aunque estos dos casos, por inéditos, constituyen un avance en la lucha contra la corrupción, no es suficiente ya que a medida que salen a la luz situaciones bien encubiertas de delitos cometidos en anteriores administraciones, la obligación del actual gobierno es aumentar los esfuerzos para sentar un precedente de que los cargos públicos no son un medio para enriquecerse, sino para servir honradamente al pueblo, con cuyos impuestos se pagan sus sueldos.
Un caso emblemático que ha sido atrasado por intereses personales es el de Sigfrido Reyes, que insiste en que es víctima de venganza política, aunque asegure que $300,000 son producto de viáticos, lo que es un delito si fueron empleados en actividades que no son misiones oficiales. Indigna su afirmación de que es un modelo de ahorro, ya que ni sumando todos sus sueldos como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, más la jugosa remuneración que recibió cuando estuvo dirigiendo PROESA, le queda un mínimo margen para gastos de vida. No olvidar el decreto exprés para favorecer a familiares, devolviéndoles terrenos que habían sido embargados por los bancos. Además del nombramiento de su asesor, con evidente conflicto de intereses, más la mejora de su rostro mediante evidente cirugía plástica.
Deben seguirse las investigaciones sobre los turbios negocios de ALBA, que incorporó en una deuda millonaria a las alcaldías manejadas por ellos y que todavía no se sabe cómo se va a pagar. Y especialmente obligar a la quebrada línea aérea VECA para que indemnice, según lo ordena la ley, a los trabajadores que cesaron en sus funciones, aunque el conglomerado de ALBA se denominaba empresas en función social y que resultó en enriquecimiento de la cúpula partidaria.
Pero también es corrupción la realización de gastos exagerados en regalos, fiestas, vehículos de lujo, vales de gasolina, cuando nuestro país está enfrentando una difícil situación económica, que padecen más aquellos sectores más vulnerables, que luego de haber logrado una movilidad social convirtiéndose en una creciente clase media, han vuelto a la condición de pobreza por la pérdida de sus trabajos y la fuga de muchas empresas a otros países.
Lamentablemente todavía se continúa con la costumbre de dejar para último momento los nombramientos de segundo grado que corresponden a la Asamblea, como ocurrió con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en que no se siguió el protocolo correspondiente. Algunos de los nombrados tienen evidentes nexos partidarios. Otros, cuyas deficientes respuestas durante las entrevistas, evidenciaron poco conocimiento de la materia, al no establecerse los filtros necesarios para optar a tan delicado cargo. Y aunque parezca increíble, hay uno con un proceso abierto en la Fiscalía y más de uno que no se sabe las razones que tuvo la CSJ para escogerlo entre otros aspirantes. Pensar que en estas manos tenemos la organización de las elecciones del 2021 es verdaderamente preocupante.
La lucha contra la corrupción es una obligación de todos los miembros del gobierno de turno, demostrando con hechos el compromiso de que “cuando no se roba, alcanza” .
Maestra