Normalmente cuando hablamos de fondos o recursos del Estado, lo hacemos de una forma en la que todo se reduce a “dólares” o “dinero”, como si de una cuestión meramente utilitaria o mercantilista se tratara. Pocas veces analizamos que detrás de la gestión y administración de los recursos existe toda una dinámica de derechos que afectan nuestra calidad de vida, especialmente en un contexto tan crítico como el que vivimos de vida y muerte frente al COVID-19. En tal sentido, me permito compartir tres aspectos puntuales que debemos tener en cuenta cuando hablamos de recursos del Estado para hacer frente a la pandemia en El Salvador.
El primero es considerar que hablar de fondos o recursos públicos es hablar de nuestro dinero. No es el dinero del gobernante o político de turno, los cuales sí bien lo administran no implica que este pase a ser su patrimonio personal para utilizarlo arbitrariamente o sin límite alguno. Al contrario, quienes administran nuestro dinero deben someterse a leyes que definen su utilización en beneficio exclusivo de la ciudadanía. En esencia, cada dólar que entra a las arcas del Estado nos pertenece, ya sea que se adquirieran mediante créditos —los cuales pagaremos nosotros o nuestros hijos en un futuro— o por medio de impuestos. Algunos dirán: bueno, pero yo no pago renta. Sin embargo, cuando decidimos comprar en la tiendita de nuestra colonia una gaseosa o recibimos remesas pagamos IVA en el consumo. Es decir, todos aportamos de una u otra forma con nuestros impuestos al Estado.
En segundo lugar, cuando hablamos de fondos públicos que dan paso a programas como la entrega de paquetes alimenticios u obras de construcción como hospitales, no debemos entender estas acciones como “regalos” o “caridad”. Al contrario, hablamos de fondos que son utilizados para responder a problemas sociales y dar cumplimiento a derechos como el de la salud, a una atención médica de calidad, medicinas, etc. Así, cuando un gobierno adquiere un lote de medicinas este nos pertenece, porque ha sido adquirido con dinero de nuestros bolsillos, bajo el entendimiento de que somos sujetos de derecho, no de caridad.
El tercer aspecto es que la información sobre cómo se administran nuestros fondos, es información pública y nos pertenece. En la Edad Media los reyes guardaban para sí toda la información y no era compartida a menos que el rey así lo decidiera, pues era el absoluto dueño de ésta. Hoy en día, en una democracia, la información de las compras realizadas con recursos públicos se entrega a los ciudadanos para garantizar transparencia y el buen uso de éstos. En otras palabras, tenemos derecho a saber cómo es utilizado nuestro dinero para combatir el COVID-19, lo cual se reconoce como el derecho humano a buscar y recibir información pública.
Un esfuerzo único a nivel latinoamericano para garantizar transparencia y el acceso a la información relacionada al uso de nuestros fondos frente al COVID-19 es el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica de los $2 mil millones de dólares. El principal objetivo de este Comité no es ser un obstáculo a las municipalidades o gobierno nacional. Al contrario, su objetivo es velar por el buen uso de los fondos de manera que los salvadoreños y salvadoreñas mejoren su calidad vida y para que éste funcione debemos contar con información por parte de las autoridades públicas. Así, la próxima vez que escuche de este Comité puede estar seguro de que es un esfuerzo totalmente ciudadano que vigilará y le informará sobre cómo su dinero es administrado desde las alcaldías y el gobierno nacional en la lucha contra el virus del COVID-19, pero también contra el virus de la corrupción.
Subcoordinador del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica