PUESIESQUE…tenemos una administración presidencial tan reducida al espectáculo, al show de mal gusto, que hasta en los detalles más nimios quedan en evidencia, al grado que algunas de sus labores solo pueden compararse a una película muy mala.
Así, las últimas reformas al Reglamento de la Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (R-LACAP), dispuestas por decreto ejecutivo del 10 de agosto de este año, perfectamente podrían titularse -con un pequeño cambio- como una de esas pésimas películas en las que Timothy Dalton personificó a James Bond: “Licencia para saquear al Estado”.
Es evidente que las últimas reformas al R-LACAP fueron redactadas por alguien que no conoce el sistema jurídico salvadoreño, pues llega al extremo de consignar que la institución contratante se reserva “el derecho” de exigir la entrega de ofertas en original: a quien redactó semejante disparate se le olvidó que en El Salvador, las entidades públicas están sometidas al principio de legalidad, que únicamente pueden hacer lo que expresa y previamente ha dispuesto la ley, así que una entidad estatal no puede “reservarse” ningún derecho.
Amén de las deficiencias lingüísticas y jurídicas de las reformas al R-LACAP, la realidad es que, en el fondo, tales reformas se reducen a 3 aspectos:
• Que para contrataciones y adquisiciones estatales mediante procedimientos de libre gestión y de contratación indirecta, pues no hay que hacer nada público, sino que -a gusto del funcionario de turno-, las ofertas pueden presentarse por correo electrónico.
• Que la convocatoria y resultados de los procedimientos para contrataciones y adquisiciones estatales se podrán publicar en “periódicos digitales, que tengan cobertura a nivel nacional” (¡esa sí está buena!…¿alguien sabe de un periódico digital de acceso libre que únicamente tenga cobertura local?).
• Que no quede registro de las personas que adquieren las bases de licitación.
En puridad, entonces, las últimas reformas al R-LACAP son una vía para la total opacidad en las contrataciones y compras estatales, además de un mecanismo para intentar legitimar pagos a sitios o páginas web que, bajo la apariencia de periódicos, no son más que simples panfletos, herramientas de propaganda política. Así que, dicho resumidamente, esas reformas reglamentarias son una “licencia para saquear” los fondos públicos.
Y es que si atendemos el fondo de esas reformas al R-LACAP, únicamente se pretende, por una parte, esconder ante la contraloría ciudadana irregularidades en compras o contrataciones estatales (sobre todo, impedir o dificultar el periodismo de investigación); y, por otra parte, no hacer publicaciones en periódicos de alcance nacional (pues han informado sobre eventuales casos de corrupción), sino trasladar fondos a páginas o sitios web que bajo la apariencia de periódicos son puros folletos de propaganda gubernamental.
No es casual que estas reformas al R-LACAP se hayan emitido luego que algunos medios de comunicación han hecho públicos casos -casi uno por día- de irregularidades y hasta eventual corrupción en las millonarias compras estatales ocurridas con motivo de la pandemia por covid-19.
P.D.: Estas reformas al R-LACAP demuestran que mi constante ruego que Casa Presidencial (CAPRES) contratara asesores jurídicos nunca fue escuchada ni atendida, así que parece que el asesor, el asesor del asesor y algún asesorcito (esos que, según dicen por ahí, quieren ir de magistrados de la Sala de lo Constitucional) continúan retozando entre tinterilladas y cobrando sus altísimos emolumentos. Ante tal circunstancia, ahora mejor pido que CAPRES contrate a alguien que pueda expresarse por escrito en castellano: al menos, digo, alguien que no se limite a consignar en Twitter pedazos de las arenga-monserga con las que el Presidente de la República, además de poner en ridículo al país, genera tantos memes.
Abogado constitucionalista.