La cultura del secretismo es dañina para la salud democrática de muchos países en tanto afecta el goce de derechos humanos en forma integral: sociales, culturales, ambientales, económicos y políticos. Ha significado el enriquecimiento de unos pocos protegidos por un amplio manto de impunidad.
El secretismo es una forma de encubrir actos de corrupción, que a su vez erosiona la gobernabilidad, debilita las instituciones y profundiza la desigualdad. Uno de los elementos fundamentales para el combate a tales prácticas es el derecho de información, reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además, un significativo porcentaje de países de la región integran la iniciativa para el gobierno abierto, Open Goverment Partnership, y han agregado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), la transparencia en todos los niveles estatales, políticas públicas y la participación ciudadana.
No basta con el acceso a la información. Es necesaria la activación de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, figuras que son necesarias en todo momento, máxime en situaciones de emergencia como las que ahora afronta El Salvador por la pandemia de la COVID-19 y el paso de fenómenos como las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
La democracia implica asumir todos sus elementos en forma integral. Instrumentos como la Carta Democrática Interamericana establecen entre sus principales elementos la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, transparencia de las actividades gubernamentales, probidad de los funcionarios, respeto a los derechos sociales, libertad de expresión y de prensa.
Un gran aporte a la lucha contra la corrupción es aplicar lo que se da en llamar transparencia activa, que implica la ejecución de un conjunto de acciones concretas sobre aquella información esencial para una real rendición de cuentas; como el mecanismo de convocatoria, contratación, empleo y salarios de funcionarios públicos, formas de prevenir conflictos de interés, contratación pública y la gestión del presupuesto público y de las inversiones de infraestructura.
Es importante que exista un ambiente con las suficientes garantías para la denuncia de actos de corrupción, la promoción del periodismo investigativo y el pleno ejercicio del derecho a buscar, recibir y divulgar información relacionada a actos de corrupción. Como complemento es necesario garantizar la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y entidades que investigan y denuncian prácticas de corrupción.
La retórica predominante va en línea contraria. Se estigmatiza a periodistas, a medios de comunicación, y se activan mecanismos de violencia virtual. El cierre por decreto de las Oficinas de Información y Respuesta, al atarlas a la suspensión de plazos procesales en el contexto de la pandemia por COVID- 19, es un grave retroceso, que dinamita el acceso a la información pública. que es parte de la libertad de expresión.
La resolución 1/18 Corrupción y Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó a los Estados miembros generar mecanismos jurídicos, legales y de política pública que permitan establecer claramente el impacto de las diferentes formas de corrupción en el efectivo disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas y colectivos, especialmente de quienes viven en la pobreza o pobreza extrema, como de aquellos históricamente discriminados.
También exhortó a fortalecer mecanismos de monitoreo y evaluación de programas sociales, donde los actos de corrupción son más frecuentes; como proyectos de infraestructura.
Periodista.