La reciente divulgación por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sanciones a funcionarios salvadoreños, por sus presuntas implicaciones en casos de corrupción y actos de socavación a la democracia, ha reactivado los ánimos de suprimir voces críticas.
Se ha manifestado en la ”recomendación” a los implicados de entablar demandas por difamación a periodistas que reportaron sobre las sanciones, según lo expresó el asesor de Casa Presidencial, Javier Argueta.
La difamación consiste en atribuir a una persona una conducta o calidad capaz de dañar su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. El Código Penal estipula los delitos de calumnia, difamación e injuria de forma general. No es específica para funcionarios públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que en el Hemisferio es casi automática la tendencia de funcionarios de mantener en secreto sus acciones, negando su naturaleza pública; pagada con fondos de todos. En realidad, no mandan, sino que ellos ejercen un mandato. De las leyes de desacato pasaron a usar figuras delictivas como calumnia, difamación e injuria, que tienen un efecto tan nocivo como aquellas.
Aquella recomendación, que aunque pudiera haber sido un distractor, es una amenaza. Podría verse fortalecida por sucesos como los que ocurren en Colombia.
El Congreso colombiano aprobó reformas a la ley penal que aumenta las penas en prisión. Plantea que el ataque u obstrucción de las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta a ciento veinte meses. También establece la cancelación de la personería jurídica a organizaciones comunitarias que injurien o calumnien a funcionarios y ex funcionarios públicos. A los condenados se les puede imponer multas de hasta 345,000 dólares.
Ese es un escenario ideal para los depredadores de la libertad de expresión. La paradoja es que es parte de una ley anticorrupción, que está en trámite legislativo en ese país.
En Colombia el proceso de formación de ley incluye a la Cámara de Representantes, y al Senado. Falta que este conozca el proyecto de reformas. El presidente Iván Duque escribió en su cuenta en la red social Twitter que en caso el Senado no haga cambios, la vetará; recordó que es firmante de la Declaración de Chapultepec y se comprometió a que no dejará que nada opaque la libertad de prensa.
Este es un compromiso que al menos denota un ánimo de promover que no haya abusos contra el papel fiscalizador de los medios de comunicación. Aunque desde que Duque asumió la presidencia, en agosto de 2018, periodistas y medios que habían denunciado a miembros del gobierno por su implicación en casos de fraude, corrupción y violaciones a los derechos humanos, han padecido campañas de intimidación y acoso; también operaciones de espionaje y numerosas presiones judiciales.
El Informe sobra la Compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció en 2004, que “los ciudadanos tienen derecho de criticar y examinar las actitudes de los funcionarios en lo que se relaciona con su función pública. Este tipo de leyes, pueden tener un efecto disuasivo en quienes desean participar en el debate público por temor a acciones judiciales o a las sanciones, particularmente cuando no distinguen entre los hechos y los juicios de valor.”
Mucho de esto se ha visto con la reserva a todo lo relacionado con la pandemia. Al menos 281 reservas de información están vigentes, el Instituto de Acceso a la Información es inoperante, han existido muchas denuncias de bloqueos de funcionarios públicos a ciudadanos en sus cuentas en la red social Twitter. Esto último documentado por Human Rights Watch.
Periodista.