Como parte de las tareas que se desarrollan en la función pública, encontramos la gestión y uso adecuado y transparente de los recursos públicos que son obtenidos por los diversos órganos del Estado, como parte de su competencia. Para ello, existe un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario para el ejercicio de las funciones y atribuciones que señala su Ley, llamada Corte de Cuentas de la República, la cual debe tener un desempeño que resalte en la realidad nacional debido al desempeño que debe reflejar con base a sus competencias.
A lo largo de los años, este ente rector de la fiscalización en su doble aspecto, administrativo y jurisdiccional, de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, no ha reflejado una imagen tan efectiva en sus tareas que emanan de la misma Constitución de la República y las normativas que regulan sus actuaciones. Lo anterior, resaltando que bajo su función como ente contralor se encuentran sometidas a la supervisión de esta, las instituciones y entidades del Estado y de los municipios, encargándose de velar por el cumplimiento de la Ley en el manejo de los fondos y recursos de públicos.
Por tanto, se vuelve menester que este organismo cuente con los mecanismos idóneos para realizar sus funciones, partiendo desde el recurso humano sin vinculación política, conocimientos técnicos, hasta los insumos materiales que una institución de este calibre requiere. Lo anterior, acompañado de reformas a sus normativas orgánicas en aras de la mejora de las herramientas legales para optimizar y hacer mas efectivas las fiscalizaciones sobre el uso adecuado de los recursos del Estado, bajo un esquema riguroso y eficaz en la supervisión sobre el uso de los fondos públicos y el respeto a la independencia que debe tener esta misma institución para reflejar claridad y nitidez en lo que realiza.
Lo delicado y trascendental que se vuelve gestionar y utilizar de forma correcta recursos públicos obliga a dar prioridad a la situación. La función pública y el control de las actuaciones que se ejecutan como parte de esta no son vistas con buenos ojos por parte de la población, debido a los antecedentes y realidades oscuras y ocultas que se manejan en ese entorno tan controversial, el cual debería reflejar otra realidad como es la de una imagen transparente y fidedigna, acompañada de acciones con base a objetivos y resultados cuyos objetivos primordiales sean atender las necesidades de la población y la sostenibilidad del país.
Es momento para que los tomadores de decisión y actores políticos demuestren su compromiso con el control de los fondos públicos y la lucha contra la corrupción, aprobando reformas legales para fortalecer la Corte de Cuentas de la República. La peor enfermedad del mundo de la corrupción y verdadero costo es la perdida de la confianza pública. Sin embargo, existe una cura: la transparencia.
Abogado, Master en Tributación Internacional y Asesoría Jurídica de Empresas, Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nueva San Salvador