Por Para cumplir una de las exigencias del FMI y conseguir los $1,400 millones, los diputados de NI aprobaron una ley para combatir la corrupción, tan necesaria tras estos años de evidente corrupción, aunque la ley es como una curita para curar un cáncer, pues solo exige que los funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales antes y después de sus funciones en el gobierno, que nunca han presentado, ya que es más barato pagar la multa.
Para que el pueblo crea que el dinero alcanza cuando nadie roba, la ley contra la corrupción debía tener un único artículo: El gobierno no puede poner en reserva el uso de los fondos públicos, que vuelva a funcionar el IAIP y que se instale nuevamente el CIAES, que fue suprimido al iniciarse el gobierno de NI, cuando la Fiscalía legítima tenía 12 expedientes contra funcionarios de la actual administración. Si esto no existe, la ley es papel mojado, no sirve de nada y no engaña a nadie.
En este gobierno existe secretismo en sus actividades, en sus negocios y en sus instituciones. La reserva permite esconder las cifras que el GOES destina a obras de gran envergadura, en que se gastan millones, por evidentes errores hay necesidad de volver a hacer el trabajo para parchar la chambonada. Lo vemos en carreteras, en escuelas, en instituciones enormes, que como la DOM, que maneja a sumas millonarias para realizar obras en todos los municipios del país, lo que es totalmente imposible, y la ANDRES para hacerse cargo del manejo de la basura, que sigue siendo deficiente incluso en los 44 municipios principales. ¿Qué pueden esperar aquellas alcaldías pequeñas, donde las necesidades de la población eran atendidas por el alcalde? La reforma territorial sin ningún estudio que lo justifique, fuera de beneficio electoral para NI, destruyó la autonomía municipal, dejando indefensa a la población más pobre y necesitada.
¡Qué humillación comprobar el efecto mediático que a nivel mundial ha tenido la generosa oferta de servicios carcelarios que el mandatario hizo al visitante Rubio para que Estados Unidos pueda enviar aquí a todos los indeseables de otras nacionalidades y ciudadanos estadounidenses! ¿Fue una decisión personal de Bukele, dentro de su reunión informal en Coatepeque? ¿O había sido ya discutida con funcionarios gubernamentales o especialistas en el tema carcelario, como para ver si este capricho tendría repercusiones legales en las leyes de ambos países?
Ya dos diputados chilenos solicitaron a su gobierno pedir los servicios carcelarios para sus maleantes más peligrosos, y el alcalde de una pequeña comunidad de Colombia pidió al presidente Petro mejorar sus relaciones con Bukele para mandarle a los peligrosos que son una amenaza aunque estén presos. Las instalaciones del CECOT parecen idóneas para el servicio ofrecido, así como sus anunciados talleres y maquilas, ¿aunque, si elaboran miles de pupitres, las escuelas carecen de ellos y no hay uniformes ni zapatos? No se sabe quién y cómo se capacitaron esos miles de reos en fase de confianza y los recursos empleados, pero esto no corresponde al resto de las cárceles del país, donde los reclusos están hacinados, sin condiciones higiénicas, contagiándose de enfermedades, mal alimentados, maltratados por los custodios y muchos de ellos capturados por el régimen, sin esperanzas del debido proceso, sin juicios individuales, ni manera de probar su inocencia.
La ley que permite la minería en el país, a pesar del rechazo total del pueblo y de las principales instituciones, es un tema donde la corrupción se evidencia desde sus inicios al prometer una minería limpia, sin presentar estudios técnicos que lo justifiquen, sin reconocer el daño que causará al país, a sus recursos hídricos y a la población. No se puede creer que hay combate a la corrupción, mientras no exista la rendición de cuentas, que justifique el altísimo endeudamiento del país, que debía materializarse en obras que no se ven.
Maestra.