Muchos no saben o, más grave aún, sabiéndolo no le dan a la libertad de expresión la importancia que tiene para la construcción de la democracia. Ha ocurrido en varios países, como Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y El Salvador.
La crisis provocada por el COVID-19 ha dejado en evidencia en muchos casos el talante autoritario y el desprecio por las personas, aquellas por las cuales en sus discursos aseguran trabajar. Suspender los plazos de oficinas de acceso a información pública, restringir el trabajo de periodistas o medios de comunicación, invocar mecanismos penales por la publicación de información, desinformar desde la función pública y bloquear a periodistas y ciudadanos, se han convertido en otros virus que corren en paralelo con el COVID-19.
Existe abundante jurisprudencia que recuerda a los Estados que es su obligación garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Lo ha reiterado la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos emitida por la Comisión Interamericana, que destacó la importancia del acceso a la información en el contexto actual por causa del COVID-19 y el rol que cumplen los periodistas, que cataloga como crucial, en el contexto de la emergencia sanitaria.
El documento es claro al plantear que no se puede invocar medidas necesarias para proteger la salud aplicar forma alguna de restricción. No caben entonces la discriminación a medios por considerarlos “opositores”, impedir el acceso a conferencias y negarse a responder preguntas en forma presencial e incluso virtual. Es innegable la validez que entre las recomendaciones se incluya no propagar rumores o información no confirmada; lo que no es válido es que desde los Estados se desinforme, no se brinden datos fidedignos sobre asuntos de interés público.
En tiempos de acceso inmediato y viral a demasiada información es fundamental saber distinguir la que aporta a la adecuada comprensión de los asuntos de interés público. Se da la paradoja de que se ha quitado el carácter profesional (publica cada vez más gente que sabe menos cosas) y el conocimiento se ha súper especializado (se ha fragmentado en infinidad de parcelas).
El periodismo responsable es el principal mecanismo para hacer llegar a las autoridades preguntas sobre la situación de emergencia, aislamiento o el drama que viven aquellos que guardan cuarentena en los sitios habilitados por el gobierno. Los funcionarios públicos también deben actuar con responsabilidad. En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas, que constituyan desinformación, o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable”.
Agrega que, en tal crisis de salud pública, la información oficial debe tener razonable base científica. La descalificación a medios y periodistas, así como la estigmatización, principalmente a mujeres, son otros virus que carcomen la libertad de expresión. Existe la tendencia a ignorar el hecho que, por definición, el funcionario público está expuesto a un mayor escrutinio y a la crítica pública, siempre; máxime en períodos especiales.
Periodista.