PUESIESQUE…la actual administración presidencial sí que es cleptómana, pues está arrasando con todo: con la dignidad de los jóvenes y de los padres de familia, al acusarlos infamemente de ser responsables de las desapariciones; con los recursos públicos, al gastar millones y millones de dólares sin rendir cuentas de ello, a pesar de investigaciones sobre galopante e imparable corrupción; con la moderación y contención -principios republicanos-, al exhibir vulgarmente caravana presidencial con múltiples vehículos, o funcionarios mostrándose ostentosamente en fiestas.
A todos esos robos por parte de la administración presidencial (CAPRES) y sus acólitos se añade ahora el propósito de profundizar los ataques contra la libertad de expresión y contra la libertad de asociación: ya sabemos que CAPRES, en su consideración sobre sí, es más frágil que un papel de china mojado, así que hace berrinche cada vez que ciudadanos y organizaciones expresan disconformidad, queja o insatisfacción contra declaraciones, acciones u omisiones gubernamentales.
Para CAPRES, las únicas voces válidas son las que expresan lisonjas o adulaciones para el líder mesiánico que tiene línea directa con Dios.
Por ello, como parte de los retrocesos democráticos en el país, CAPRES mandó a la Asamblea Legislativa (AL) a un hijo de la Ministra de Educación, llevando un mamarracho legislativo que han llamado, con mala intención, Ley de Agentes Extranjeros (LAE).
Seamos claros: la LAE que el hijo de la ministra llevó a la AL no tiene nada que ver, como falsamente ha dicho CAPRES, con la Foreign Agents Registration Act (conocida como FARA), de los Estados Unidos de América, de 1938.
Que coincidan los nombres de los textos legales no significa, en ninguna forma, que sean equivalentes en contenido y, sobre todo en objetivos: la FARA procura, en esencia, controlar a organizaciones y/o personas que actúan en favor de intereses de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras (ejemplo típico: los lobistas pagados de nuestros impuestos que tienen la dura y funesta tarea de mejorar la imagen de CAPRES en Estados Unidos); en cambio, la LAE salvadoreña, lo que busca es controlar y, eventualmente, desfinanciar y sancionar a personas y organizaciones que, en procura de intereses propios o nacionales, reciben fondos de cooperación internacional o extranjera.
La LAE salvadoreña es una colección de ambigüedades, generalidades, oscuridad, excesos y pésima redacción, intencionalmente elaborada así (bueno, también está involucrada la incapacidad técnica de las personas a quienes CAPRES paga como si fueran asesores jurídicos o, peor, asesor del asesor), para permitir aplicaciones arbitrarias, antojadizas y discriminatorias. Así, entre tanta tontería, es prácticamente imposible saber qué han querido decir al consignar que la LAE no se aplica a las personas que participen en actividades “científicas de buena fe”.
La LAE es tan excesiva que podría aplicarse de modo discriminatorio a cualquier persona que reciba transferencia dineraria del extranjero (digamos, pues, remesas), ya que, por una parte, el gobierno calificaría a esa persona como “agente extranjero”; por otra parte, le confiscaría el cuarenta por ciento del monto de la transferencia; y, además, le obligaría a que en cualquier correo electrónico o comunicación, deba consignar que está actuando como agente extranjero.
Aunque alguien podría calificarlo de reductio ad absurdum o argumento apagógico (hoy amanecí en modo intelectual...je, je), pongo un ejemplo: si salvadoreños con doble nacionalidad en Estados Unidos (y, por lo tanto, pueden ser calificados de extranjeros) le remesan a usted mil dólares para hacer camisetas que digan “¿Cuál es la ruta?” y ocuparlas en la próxima marcha o protesta, la oficina del hijo de la ministra de Educación podrá calificarlo a usted como “agente extranjero” y obligarlo a que pague cuatrocientos dólares por la transferencia recibida; en cambio, como bien supone, si salvadoreños todavía ilusionados con CAPRES, envían mil dólares para ordenar la confección de gorras color ciano con una N, ya listas para ponérselas solo al revés, ahí dirán que ellos son patriotas y no aplicarán el impuesto confiscatorio.
Así que, como acertadamente ha publicado el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador, la LAE es, en realidad, una ley para la represión política, que viola derechos constitucionales y derechos humanos, específicamente la libertad de expresión y la libertad de asociación; que busca el cierre del espacio físico a través del hostigamiento a personas y organizaciones, como crónica anunciada de la criminalización de la disidencia: en esencia, con la LAE buscan silenciarnos, reprimir -a través de desfinanciar organizaciones, o imponer sanciones- la crítica.
Con esa LAE, pues, nos están robando nuestro derecho a expresarnos, a quejarnos.
Abogado constitucionalista.