Todos tenemos derechos

La interrelación entre el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y el trabajo de los funcionarios ha sido reconocida por Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia: “Se ingresa al servicio voluntariamente y solo deben hacerlo quienes aceptan las condiciones inherentes al cargo”. Y una de esas condiciones es estar sometido a la constante y fuerte crítica, que sirve como insumo para corregir los errores en el manejo de la cosa pública.

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El motorista del transporte público se quedó en el lugar tras el accidente. Foto EDH/ Francisco Rubio

Por Erika Saldaña

2021-04-18 5:09:26

Todas las personas tenemos derechos que deben respetarse por los demás ciudadanos y por parte del Estado; entre ellos podemos mencionar libertad de asociación, libertad de expresión, los derechos civiles y políticos. Y también existen obligaciones que el Estado debe cumplir con el fin de garantizar derechos que requieren acciones o prestaciones para su plena existencia, por ejemplo: el derecho a la salud, mediante cobertura médica pública digna; derecho a la educación, mediante un sistema educativo público eficaz; derechos laborales, mediante las prestaciones reconocidas en las leyes. Resulta desatinado y preocupante que a estas alturas del desarrollo humanos se pretenda que una persona agradezca a otra o al Estado por el respeto y cumplimiento derechos constitucionales.
En las clases de Derecho Constitucional se aprende que los derechos fundamentales cumplen dos funciones: limitar a las políticas públicas que se basan en cálculos de costo – beneficio, pues los derechos deben asegurarse incondicionalmente a todas las personas. Y también limitan el procedimiento de toma de decisiones por la mayoría. Las mayorías están en la obligación de respetar los derechos de las minorías. Los derechos reconocidos y respetados a las personas dibujan el tipo de sociedad existente en un territorio. Los derechos que una Constitución reconoce a los individuos tiene características como: universalidad, ya que pertenecen a las personas por el mero hecho de serlo; inalienables, pues no se puede despojar de ellos; irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles.
Los derechos se tienen independientemente se apoye o no a un partido político, órgano fundamental o institución estatal. Es lamentable que se cuestione la coherencia de las personas que emiten críticas contra funcionarios o instituciones y luego reciben las prestaciones estatales como una vacuna contra el Covid-19 o un paquete alimentario. Estas personas tienen derecho, por el simple hecho de ser habitantes de la República. Deben ser tratados como cualquier otra persona simpatizante de los mismos funcionarios o instituciones.
Las críticas hechas a cada institución estatal deben ser correctamente canalizadas para corregir errores y brindar mejores servicios a la comunidad. Debe existir madurez por parte de los funcionarios, para respetar el derecho a ejercer su libertad de expresión por parte de los ciudadanos y retomar los aspectos constructivos de la misma con el fin de mejorar ciertos asuntos en el manejo del Estado. Las personas que no se equivocan son las que no hacen nada. Hay que aprender a reconocer los errores y corregirlos.
La interrelación entre el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y el trabajo de los funcionarios ha sido reconocida por Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia: “Se ingresa al servicio voluntariamente y solo deben hacerlo quienes aceptan las condiciones inherentes al cargo”. Y una de esas condiciones es estar sometido a la constante y fuerte crítica, que sirve como insumo para corregir los errores en el manejo de la cosa pública.
Todas las personas tenemos derechos independientemente de nuestra ideología política, creencias religiosas, preferencias sexuales, nacionalidad, raza o sexo. Eso dice el artículo 3 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Y es deber del Estado, mediante todas sus instituciones, garantizar la plena vigencia, cumplimiento y respeto de estos derechos. La obligación del Estado de respetar y garantizar estos derechos se mantiene viva más allá de la existencia de simpatía entre los ciudadanos y sus funcionarios.

Abogada constitucionalista.