Los ataques contra periodistas y medios de comunicación en el país son parte del cuadragésimo quinto informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que revisa las prácticas sobre derechos humanos en el mundo.
Respecto a libertad de expresión el documento hacereferencia a la prohibición de preguntas relacionadas con el manejo de la pandemia, destrucción de material periodístico, acoso contra periodistas, ladesacreditación del trabajo de medios de prensa, a cargo de funcionarios del gobierno y de seguidores, que son amplificados en las redes sociales.
La preocupación no es nueva. Fue manifestada en el informe del año 2019 en que se consignó aumento de la intimidación y los ataques cibernéticos contra periodistas. En ese documento la violencia contra comunicadores ya mostraba tendencia al alza en relación con el año 2018.
Estos elementos son útiles para reflexionar sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto a compromisos internacionales. En ese ámbito, no tienen valor expresiones que puedan rendir ganancia electoral, aunque ya no haya contienda alguna, o que reduzcan al simplismo de que no se cometen crímenes contra periodistas, como manifestaron delegados del gobierno en la audiencia pública sobre libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2020.
Los estándares internacionales de libertad de expresión establecen a los Estados, no a los gobiernos, una serie de compromisos con ese derecho inherente a toda persona. También deben reconocer que los órganos regionales o internacionales correspondientes son los intérpretes autorizados de dichos tratados.
Entre los compromisos de los Estados figuran la adopción de un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y repudiar de manera inequívoca, los ataques contra quienes ejercen el periodismo.
Instruir a los cuerpos de seguridad sobre el respeto hacia los periodistas. También respetar el derecho a la reserva de las fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales propiedad de periodistas.
Otros compromisos son la sanción penal de la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Producir datos de calidad, compilar y mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas efectivas de protección. Otras obligaciones incluyen la protección a periodistas y procurar justicia; áreas donde también hay evidentes fallas.
Un rápido examen a las condiciones en que se ejerce el periodismo en El Salvador a la luz de las obligaciones del Estado denota reprobación; porque lejos de que, por ejemplo, se asuma un discurso favorable a la prensa, lo que predomina es la descalificación, el acoso digital y la apología de la violencia por funcionarios públicos.
Esta es amplificada en redes sociales, por los autollamados youtuberos, medios afines al gobierno, y los que han sido puestos al servicio de este por instituciones públicas como la Comisión Nacional Administradora de Bienes (CONAB).
Tal actitud no es acorde al ejemplo que deben dar los funcionarios, ya que alienta agresiones como las denunciadas por periodistas de medios calificados peyorativamente por el gobierno como “incómodos”.
No es asunto de buena prensa o mala prensa. La gravedad del deterioro de la libertad de expresión y de prensa está reflejada además en las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 y 2021 por amenazas contra medios de comunicación electrónicos.
El informe del Departamento de Estado no es “un documento más”. Es una radiografía a la que se debe dar atención.
Periodista.