Es 15 de octubre del 2020. Se supone que a esta fecha, como seres evolucionados que somos, el maltrato hacia las mujeres debería solamente ser recordado remontándonos a la era de las cavernas, pero no, es una situación que lejos de erradicarse ha cobrado vida en redes sociales y de manera sistemática la vemos retratada en Twitter.
Twitter tiene sus pros y sus contras como toda red social. Lo llamativo de la plataforma es que podemos interactuar de manera instantánea con los demás, educando o desinformando, construyendo o destruyendo, creando simpatías o antagonismos. Estos últimos se reflejan en mayor medida hacia mujeres que expresan sus opiniones.
Aclaro, no es en discrepar que surge el problema, sino en la intolerancia hacia el pensamiento femenino y a las diferentes corrientes ideológicas de mujeres que, al entrar en debates públicos sobre temas de Estado, reciben agresiones escritas de parte de funcionarios, actores políticos y civiles.
Quienes alaban este comportamiento escudándose en simpatías políticas alimentan un monstruo que debe ser aniquilado: el de la misoginia, porque no coincidir en ideas no es excusa para amenazar, desacreditar, atacar e insultar mujeres. El discurso de odio no debe ser alimentado por nuestros gobernantes y mucho menos justificado desde la ciudadanía.
Ante la consolidada negligencia del Estado en su respuesta a la discriminación hacia las mujeres hoy se consolida un capítulo nuevo que generará un antecedente para la protección hacia las mujeres. Me refiero al proceso penal por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, sancionado en el Art. 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), contra el Señor Walter René Araujo Morales, en perjuicio de la Sra. Bertha María Deleón Gutiérrez, por diversos tuits cargados de discriminación, degradación y misoginia, en contra de la abogada Deleón. La audiencia preliminar se realizará este día.
En este sentido, es necesario que se establezca un precedente para que cese el ataque hacia las mujeres por hombres vinculados al poder y a la minusvaloración de las violencias hacia las mismas, es momento de neutralizar y sancionar ese tipo de mensajes tóxicos en el marco de las redes sociales, es momento de tener una respuesta penal efectiva hacia agresiones de este tipo, porque la justicia no solamente se pide, se exige y esta ha de traducirse en una sentencia condenatoria debido al nivel de misoginia en las agresiones.
La severidad del reproche que deben merecer este tipo de conductas encuentra argumentos de peso desde la protección material de la vida de todas las mujeres de manera integral así como la aplicación de la legislación vigente en materia de género: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), así como los instrumentos internacionales de los cuales El Salvador es signatario y por tanto son normativa vigente y deben cumplirse: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer.
Las agresiones públicas no solamente se han realizado hacia la abogada Deleón, sino hacia muchas mujeres, por múltiples agresores; algunos son funcionarios, otros aspirantes a diputados, asesores de gobierno o ciudadanos comunes que toman como ejemplo conductas destructivas de servidores públicos para acosar, agredir o destruir psicológica, emocional o moralmente mujeres en redes sociales, configurando una violación reiterada de Derechos Humanos, poniendo en tela de juicio la existencia del Estado de Derecho, así como los valores que rigen nuestra convivencia e inclusive nuestra esencia como seres humanos.
Abogada.