Un gran poder implica una gran responsabilidad

La democracia es la forma de gobernar en la que el pueblo tiene el poder y elige a los representantes que lo ejercerán. Si bien, en sentido formal, la mayoría es la que decide lo que se hará, la democracia va más allá. El poder que este sistema otorga no es ilimitado, ya que, en nuestro país, el Estado se conforma por una democracia constitucional, es decir que la Constitución es la que nos brinda derechos fundamentales y nosotros nos encargamos de cumplir y protegerlos. Nadie puede ir en contra o violar la Constitución, aunque los representantes elegidos por una mayoría así lo deseen.

Como dicen las películas, “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Los ciudadanos debemos ejercer nuestro poder de elegir y asegurarnos de proteger la democracia y vigilar que nuestros representantes ejerzan de forma efectiva el poder que les damos. Naturalmente, hay varias maneras de ejercer la democracia, pero dos muy importantes merecen ser resaltadas: el sufragio activo y la participación ciudadana, que suele ser olvidada.

Muchos pensarán que el sufragio activo, o ir a votar, es el único modo de ejercer la democracia. ¿Qué hacemos en el tiempo que no es período electoral? Este es el momento de observar que nuestros representantes ejerzan el poder de manera eficaz y que se encarguen de mantener el respeto a la democracia y a la constitucionalidad. Nosotros podemos colaborar mediante la participación ciudadana, exigiendo la rendición de cuentas a los funcionarios y ejerciendo la contraloría social.

La participación ciudadana es un derecho y un deber de la población que consiste en trabajar de la mano con el gobierno, lo cual ayuda a las instituciones públicas a tomar mejores decisiones. Esta manifestación del poder democrático tiene que ser asegurada y promovida por el Estado, abriendo espacios de opinión pública y brindando acceso a la información.

En nuestro país, muchas personas ignoran este derecho. La población suele decir que no le gusta hablar de política o prefiere  no opinar en aspectos públicos porque así se ahorrarían problemas. Este pensamiento es sumamente peligroso para nuestra democracia, ya que genera una atmósfera de desinterés donde nadie supervisa ni pone en duda los actos de los funcionarios públicos. En consecuencia, se producen varios atentados contra la democracia y la constitucionalidad de nuestro país; además, el acceso a la información pública se ve amenazado.

Esto se refleja, por ejemplo, en las recientes propuestas de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) impulsadas por la nueva Asamblea Legislativa. Entre ellas, se encontraba la posibilidad de que instituciones gubernamentales reservaran información que debe ser de carácter público; además, se buscaba entregar mayor poder administrativo al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y aumentar el plazo de entrega de información solicitada a veinte días.

Este paquete de reformas fue retirado y puesto en estudio nuevamente, pero los problemas hubieran sido muy graves en el caso de haberse aprobado. La LAIP se volvería obsoleta, ya que permitir reservar información oficiosa facilitaría los actos de corrupción. Incluso sin su aprobación, hay más ejemplos en los cuales el gobierno se ha negado a rendir cuentas, como las compras de Bitcoin, de las que no hay ningún registro de ganancias o pérdidas generadas.

El acceso a la información pública es la base para ejercer nuestra participación ciudadana y un derecho fundamental que no puede ser privado. Sin este, la población salvadoreña perdería una gran parte de su poder democrático y estaríamos a oscuras, sin saber cómo son manejados nuestros recursos, creando un ambiente propicio para la corrupción. En El Salvador, este derecho se encuentra en peligro, por lo que es nuestro deber como ciudadanos el exigir su respeto y utilizar la contraloría social para reclamarlo.

Para finalizar, nosotros, como ciudadanos, ¿cómo podemos realizar la contraloría social? Lo más inmediato sería una rendición de cuentas vertical, en la que cada uno de nosotros exijamos la información y expresemos nuestro descontento. Puede ser mediante una publicación en redes sociales, un artículo de opinión, una manifestación en vías públicas o activando mecanismos de control mediante denuncias. Para ser más efectiva, podríamos apoyarnos en una rendición de cuentas social formando asociaciones y colectivos para hacer más fuerte nuestra voz.

No podemos quedarnos indiferentes ante estas amenazas a la democracia. Las acciones del gobierno o las decisiones de nuestros representantes no son ajenas a nosotros; tenemos la responsabilidad de interesarnos e informarnos sobre la coyuntura nacional, de señalar o denunciar actos desfavorables para la sociedad y de pedirle a los funcionarios públicos que rindan cuentas. Ahora que sabemos que tenemos la capacidad de ejercer nuestra participación ciudadana es momento de hacerla valer, porque después podría ser demasiado tarde.

Estudiante de Ciencia Jurídicas
Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)