Claudia Heiss, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, afirma que la situación de su país no es consecuencia de la” crisis del modelo neoliberal”. En efecto, los indicadores macroeconómicos en términos de crecimiento de la economía, inflación, déficit fiscal y el buen desempeño de las exportaciones ubican a Chile como el ejemplo a seguir por el resto del continente. Sin embargo, la explosión del reciente conflicto mostró otro tipo de fisuras que venían incoándose desde hace décadas.
La aguda desigualdad, la desprotección social y la ausencia de canales democráticos de transmisión de demandas debilitaron el sistema. Por esas grietas, dice Heiss, se colaron “salarios de Tercer Mundo y un costo de vida de país desarrollado; el abandono de ancianos, enfermos y niños vulnerables; la educación y la salud como bienes de lujo; un sistema tributario que no contribuye a erradicar la desigualdad; y una injusta distribución de la riqueza”.
En su análisis la politóloga chilena argumenta que no se atendió como era debido a la crisis del sistema de representación. Se profundizó la distancia entre los políticos y la ciudadanía, aumentó la percepción de abuso por parte de quienes gobiernan y se perpetuó un sistema de partidos sin raíz social. Los chilenos también citan como un disparador del descontento social a la “Constitución dictatorial” de 1980.
Chile venía enfrentando, al igual que el resto del Continente, una desconexión de la población con las instituciones de la democracia. Creció la abstención electoral, siguió resquebrajándose la credibilidad de los partidos políticos y se multiplicaron los escándalos de corrupción por el financiamiento ilícito de las campañas.
El “estallido anunciado” que Heiss describe en su análisis, que nadie imaginó ni pudo prever, alerta a la región sobre tres riesgos como mínimo: el avance del populismo, la relación estrecha entre la democracia y el desarrollo económico, y la posibilidad de debilitar a las instituciones, reformando la Constitución, con la excusa que así los gobiernos serán más efectivos con las demandas de la gente.
El presidente Piñera destinó más recursos para mejorar la calidad de las políticas sociales. ¿Se trata de medidas populistas? El aumento de las pensiones y del ingreso mínimo y la reducción de los precios de los medicamentos, de la electricidad y del transporte público, revela una afligida reacción a sendas manifestaciones públicas que no ceden a pesar de la nueva agenda social del mandatario. En la medida que sean sostenibles, con soluciones definitivas y estructurales, y no para aliviar temporalmente el agobio colectivo, las decisiones de Piñera parecen atinadas.
La diferencia entre una y otra coyuntura en los Estados radica en su capacidad financiera y en el concepto de política pública. Inclusive en Chile, que se ha distinguido por una adecuada disciplina fiscal, el presidente informó sobre un aumento de impuestos para hacer frente a los compromisos asumidos la semana pasada. El trance chileno debería animar a la suscripción de pactos sociales entre distintos sectores. El peligro es que la fatalidad de Chile fomente una serie de acciones populistas en América Latina que simplemente difieran la recesión para más adelante.
Por otro lado Chile nos recuerda que no basta con legitimar el origen de las autoridades a través de las elecciones. También es necesario que esa acción política se traduzca en beneficios que garanticen una vida digna y aseguren a quienes salieron de la pobreza y que ahora integran a las clases medias emergentes que no retornarán a la precaria situación en la que se encontraban. El aumento de la desigualdad aleja a los ciudadanos de los instrumentos de la democracia y los empuja a respaldar comportamientos anárquicos. Nada menos la última ronda del Barómetro de las Américas (2018 -2019) evidencia un aumento de casi 10 puntos porcentuales, entre 2010 y 2019, sobre la tolerancia de las personas a “golpes ejecutivos”, es decir, a la posibilidad que los presidentes disuelvan al Legislativo, con el aplauso del público, como sucedió hace unas semanas en Perú.
Finalmente existe la posibilidad de reformas constitucionales en respuesta a la fragilidad que presentan los sistemas políticos y a la falta de resultados. El Continente enfrentó una ola de nuevas constituciones a finales de la década de los Noventa y en los primeros años del nuevo siglo. Esos cambios concentraron el poder político en el Ejecutivo, promovieron la reelección presidencial indefinida y fomentaron el uso consultas populares y el referéndum. La realidad suramericana refleja ahora una inestabilidad política con graves secuelas. Así lo testimonian Venezuela, Bolivia y Ecuador. Trastocar las leyes fundamentales con intenciones autoritarias solo agrava los problemas. Mejor apostemos a más cultura política, a reforzar a la democracia liberal y a promover la política social por encima de cualquier otra iniciativa.
*Doctor en Derecho y politólogo