Los terribles acontecimientos de los últimos días en Chile han convertido a ese país en un cliché: un país rico que ha oprimido a sus ciudadanos y los ha mantenido en la inequidad y el abuso gubernamental por treinta años (un periodo que irónicamente coincide con el que ha pasado desde que el General Pinochet abandonó el poder). Este cliché contrario que predominó inmediatamente después de que los disturbios comenzaron: que los trágicos eventos eran el resultado de las acciones de infiltrados cubanos y venezolanos que habían llegado a desestabilizar al gobierno chileno.
Hay varias razones para darle credibilidad a la participación de agitadores que aprovecharon un evento relativamente pequeño (el aumento de 4 centavos de dólar a los pasajes del metro de Santiago) para escalar una protesta nacional que ahora está culminando con una huelga nacional, a pesar de que el presidente Piñera echó para atrás el aumento de los pasajes hace ya varios días. La organización de grandes manifestaciones, primero en Santiago y luego en varias localidades del país, y después huelgas a nivel nacional, requiere trabajos de logística que no se pueden improvisar. De una manera o de otra, estas cosas ya estaban preparadas. No hay espontaneidad en estos movimientos tan eficientes.
La participación de expertos en transformar la violencia callejera en operaciones destructivas se ha manifestado también en el calibre de las ruinas que las manifestaciones han dejado en su camino. Esta siniestra eficiencia la demostraron especialmente en la destrucción de las estaciones del metro y de varios trenes, que no se hubiera podido lograr sin capacidad técnica de demolición y el acceso a combustibles que quemaron rápidamente cosas difíciles de quemar. El nivel de violencia creado por esta saña ha resultado en grandes costos humanos.
Hasta ayer había 18 muertos, incluyendo varias personas quemadas vivas en edificios incendiados por los manifestantes. Esto demuestra una violencia pocas veces vista en confrontaciones callejeras en Latinoamérica y da credibilidad a las acusaciones de que personas con la clara intención de causar problemas políticos graves en Chile han participado en estas manifestaciones. Las personas que participan en protestas democráticas no tienen la frialdad destructiva necesaria para quemar edificios con gente adentro, de destruir cosas valiosas como las estaciones y los trenes, o de causar situaciones en las que gente puede morir de otras formas. La magnitud de las manifestaciones, sin embargo, tampoco deja duda de que la inmensa mayoría de sus participantes estaba manifestándose auténticamente. En estas manifestaciones ha habido una mezcla desafortunada de criminales con gente que está expresando su descontento. El cliché de que todo lo armaron gente con propósitos de acceder al poder no es cierto. Si los había, y muchos y bien entrenados, pero había algo más, también crucialmente importante.
Cuando el presidente echó para atrás los aumentos en los pasajes, los manifestantes indicaron al gobierno que en realidad las manifestaciones eran en protesta por problemas que el pueblo había soportado por treinta años, como la inequidad y el abuso del gobierno. Hay sin duda una protesta autentica en estas manifestaciones. Pero esto no implica que sea cierto el otro el cliché que pinta a Chile como un país explotador, con gobiernos que nunca han prestado atención a los problemas de los ciudadanos. Chile es el país con más alto ingreso por habitante de América Latina, el país en el que éste ha crecido más que en toda la región también, y ha invertido mucho en su gente, tanto sus gobiernos de izquierda como los de derecha. Los ingresos de los más pobres en Chile han crecido más que los de los ciudadanos de la mayor parte de la región. Los manifestantes no niegan eso. Lo que protestan es que sus servicios sociales, especialmente educación, no han mejorado y crecido al ritmo al que ha crecido la producción, y que sus salarios se han quedado atrasados con respecto a ésta.
Estas son razones válidas para protestar políticamente, pero no para destruir trenes, estaciones y quemar gente viva. La destructividad no los ayuda en nada. Ojalá que ambos, pueblo y gobierno, puedan arreglar esto sin violentar la institucionalidad de un país que ha logrado tanto.
Máster en Economía
Northwestern University