La tolerancia cero del presidente Trump

Ahora un agente federal de inmigración tiene una discreción amplia

Dic 14, 2019- 20:24

Dos cosas grandes que agradecerle al presidente Donald Trump: nos ha enseñado a comprender el funcionamiento de una de las democracias más grandes del mundo.

Tiene 3 poderes: Ejecutivo: el presidente; Legislativo: el Congreso; el Judicial: Corte Suprema de Justicia. Son poderes equitativos, es decir, que tienen la misma fuerza. El presidente de EE. UU. no manda al Congreso ni a las cortes. Cada uno tiene su independencia de otro y están diseñados para mantener al otro bajo control y tienen como hoja de ruta la Constitución de 1776.

El otro aporte del presidente es que desde su campaña presidencial hasta su gobierno ha logrado activar la organización migrante. En el caso de El Salvador se reactivaron antiguas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y hasta han aparecido nuevas.

Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, puso en marcha una agresiva política migratoria de tolerancia cero que tiene al menos cinco objetivos:
• Frenar la entrada de indocumentados.
• Reducir la población indocumentada, que alcanza 10.4 millones de personas.
• Negar beneficios migratorios a los indocumentados.
• Aumentar las redadas y deportaciones.
• Construcción del muro en la frontera con México, a todo lo largo de la frontera.

Al no hacer reformas a la actual ley migratoria, lo ha hecho sobre la base de dos medidas que son muy características del gobierno de Trump. Uno, a través de ordenes ejecutivas; y dos, sobre memorandos. Ambos caminos lo llevaron a reinterpretar la ley de migración para generar una nueva política orientada principalmente para contener la inmigración indocumentada y para poder castigar la inmigración ilegal que está en Estados Unidos. Se convierte en una de las políticas más difíciles en los últimos veinte-treinta años que un gobierno ha implementado para regular la inmigración. Lo interesante de todo esto es que se hace sobre la base de la misma ley migratoria que han ejecutado los 10 últimos presidentes desde Lyndon Johnson.

Este gobierno emitió dos órdenes ejecutivas que fueron muy controversiales, en enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca:
Una fue sobre la jurisdicciones de las ciudades santuarios, titulada “mejorar la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos.

La segunda era sobre la construcción del muro, titulada “mejoras de la seguridad fronteriza y cumplimiento de la ley de migración”.
Estas dos órdenes ejecutivas son en la práctica el punto central de la política Tolerancia Cero implementada por el presidente Trump.

Hasta antes de la implementación de estas órdenes el gobierno federal tenía una política que indicaba o normaba las prioridades de deportación, y esas políticas las estableció el presidente Obama cuando aprueba el programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la Infancia).

Y antes de DACA, bajo Obama el servicio de inmigración tenía una discreción más amplia para aplicar la ley y daba prioridad a casos más serios en el ámbito criminal; había cuatro prioridades principales y éstas eran para personas consideradas para deportación.
1-. La primera era para quienes eran considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, etc.).
2-. La segunda era para personas con historial criminal extenso de violaciones de inmigración, por ejemplo, quienes hayan cruzado la frontera varias veces.
3-. La tercera era para las personas con cargos de violencia domestica, también explotación sexual, robo, y cualquier delito que tenga más de 90 días con penalidad de cárcel.
4-. Y la última prioridad se aplicaba a inmigrantes con una orden final de deportación.

Estas cuatro prioridades cambiaron con la emisión de las órdenes ejecutivas el 25 de enero de 2017. En resumen, los que se portaban mal estaban en la lista para ser deportados, pero los que se portaban bien, que son millones, tenían algún chance; primero no los iban a tocar, no iban a ser una prioridad de deportación, y podían estar en Estados Unidos en espera que el Congreso aprobara una reforma migratoria, que era la esperanza de muchos. Trump cambió la lista y la hizo mucho más amplia.
¿Qué hizo Trump? ¿Qué cambió?
Cambió las cuatro prioridades y las amplió a 7. Es una ampliación de quien puede o debe ser determinado para deportación.

A diferencia de lo que hizo Obama, que decía que tipo de crímenes cometía una persona para estar en la lista, vemos que el presidente Trump la amplía enormemente y señala: quienes hayan sido condenados por cualquier delito (eso ya es un cambio radical).

Ahora cualquier persona, no importa cuán serio sea su delito, puede ser sujeta a una deportación. Incluso, dice la Orden Ejecutiva, cuando haya sido acusada una persona y no haya sido resuelto el caso todavía, también estaría en proceso de deportación.

También añade a personas que hayan cometido un fraude, quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos, quienes estén sujetas a una orden final de expulsión y que no han cumplido con su obligación de abandonar Estados Unidos, pero más importante, quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para seguridad pública y nacional de EE.UU.

Eso significa que ahora un agente federal de inmigración tiene una discreción amplia para tomar esa determinación.

Director Ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante

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