Esta semana estuvo llena de pruebas para Nayib Bukele y su Gabinete de Seguridad. Los nombramientos de funcionarios y la ola de homicidios en contra de policías y militares generaron muchas críticas. Su abordaje aún deja dudas sobre qué podemos esperar.
Los nombres del Gabinete de Seguridad eran de los más esperados. Desde hace años, el país está sumergido en una crisis de inseguridad agobiante y muchos de los funcionarios anteriores engañaron y decepcionaron a la ciudadanía reiteradamente. Todos estábamos a la expectativa de que si esto sería diferente con la nueva administración.
El fracaso de los gobiernos del FMLN fue, en gran medida, consecuencia de designar a personas que le eran más leales al partido y al presidente que a instituciones y convicciones profesionales y éticas. Fácilmente dejaron a un lado la misión del cargo y los intereses del país. Aparte de las críticas relacionadas al perfil de los funcionarios de seguridad nombrados por Bukele y, en algunos casos, a incidentes graves en sus trayectorias profesionales, y lo que esto implica, aún hay incertidumbre sobre qué peso tendrá la influencia política y partidaria sobre la seguridad pública.
El ministro de Justicia y los directores de la Policía y Centros Penales se han plegado disciplinadamente a la estrategia comunicacional de Twitter coordinada desde la Presidencia, respondiendo a órdenes giradas por ese medio. Esto no es una buena señal. Manejar las cosas así en el campo de la seguridad pública tiene el potencial de explotarles en la cara y tener consecuencias desastrosas.
Los equipos de comunicación siempre han llevado a los gobiernos a cometer errores graves en cuanto a la seguridad pública. Hay ejemplos de sobra que se pueden citar para ilustrar este punto. El plan Mano Dura, por ejemplo, fue eminentemente mediático con fines políticos. La falta de una base técnica llevó a que se produjeran resultados opuestos a lo que se vendía mediáticamente. La gente perdió confianza en las autoridades y las pandillas evolucionaron. La filtración a los medios de comunicación del interrogatorio de Mario Belloso fue otro desacierto que tuvo consecuencias graves para esclarecer el hecho. Filtrar los videos impidió que sus declaraciones, que vinculaban a políticos del FMLN con grupos armados de choque, sirvieran de base para ahondar las investigaciones y ampliar la acusación judicial.
Sin embargo, es importante entender que el equipo de comunicaciones de Bukele maneja muy bien las redes sociales y la percepción ciudadana. Ese nivel de experticia pudo llevar a los funcionarios de seguridad, por lo menos a los que tienen experiencia, a desestimar y no advertir sobre los riesgos asociados con tratar temas sensibles en las redes sociales. Por lo tanto, no se puede inferir que su adhesión a la estrategia presidencial en Twitter sea una señal inequívoca que la política predominará completamente sobre los criterios técnicos. Además, ha habido otros acontecimientos que sugieren que puede ser que la influencia política sobre la seguridad pública no será irrestricta como en los gobiernos del FMLN.
Esta semana, la Presidencia emitió un comunicado en el que aseguró que tres cuerpos de inteligencia tienen información que indica que el FMLN está financiando a las pandillas para desestabilizar al país asesinando a policías y militares. Sin embargo, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía, durante una entrevista en el Canal 12, explícitamente marcó distancia de ese comunicado. Esto denota un nivel interesante de independencia.
La contraposición de ambos elementos, la participación en la estrategia comunicacional de la Presidencia y esta distancia marcada por Arriaza Chicas, no dejan claro aún el rol que tendrá la política sobre el trabajo del Gabinete de Seguridad. No se tiene una idea clara de qué nivel de influencia podemos esperar.
Criminólogo @_carlos_ponce