En El Salvador cada campaña política por la presidencia de la República luego de la firma de los acuerdos de paz ha convertido al componente o plan de seguridad como una de las principales demandas de la población, pero al mismo tiempo ha sido uno de los apartados que sirvió como publicidad e imán de votos de los candidatos presidenciales.
Este aspecto se quebró en la campaña presidencial recién pasada, ya que la seguridad no fue un eje principal de ninguno de los cuatro partidos que compitieron, ni tampoco en los diferentes medios de comunicación presentó la cobertura y demanda de otras campañas. Fueron otros temas los que marcaron agenda, incluso las plataformas o programas de seguridad fueron presentadas a semanas de la elección.
La seguridad pública ha estado marcada desde 1992 por la figura, personalidad, carisma, decisiones casi personales de los ex funcionarios de cada gabinete de seguridad. Ha sido evidente la ausencia de una política criminal integral, nos hemos limitado como Estado salvadoreño a los códigos penal y procesal penal, y alguna política o disposición de cada partido político en el Ejecutivo para más con efectos mediáticos, electorales, políticos que técnico científicos. En resumen, una política criminal concebida como control social y una expresión del poder coercitivo del Estado.
En El Salvador hemos contado siempre con una política criminal, y cada partido político en el Ejecutivo ha impulsado su política de seguridad pública. Esto nos ha tenido reducidos, ya que sus ámbitos de aplicación son muy limitados, pues no contempla todo el espectro del fenómeno criminal salvadoreño. Por ende, sus resultados han sido en el mismo sentido: pequeñas victorias. En mi opinión, se ha fallado como Estado salvadoreño en la ausencia e inexistencia de una “Política criminológica” que debe contar al menos con un Plan Nacional de Desarrollo, combinado con el Plan de Nación propuesto por el instituto político que asume una presidencia de la República.
Esta política criminológica, propuesta o sugerida, debe ser capaz de definir, identificar claramente aquellas conductas delictivas que dañan a la población salvadoreña, cometidas principalmente por el crimen organizado, delincuencia común, pandillas, grupos de poder de diferente tipo que han permeado la estructura del Estado.
La política criminológica en nuestro amado país debe ser construida por mujeres y hombres salvadoreños, con un modelo de prevención social, y que incluya una acción y participación de la sociedad, de sus comunidades, y diferentes actores. No debe de contener única y exclusivamente el ámbito jurídico penal, que en mi opinión es la dimensión que más ha fracasado.
El crimen organizado y las pandillas no se eliminan por una ley o un decreto ejecutivo. Debe haber un conjunto de disposiciones sistemáticas, con cohesión social, con clara política gubernamental basadas en análisis científico sociales, antropológicos y criminológicos con evidencia del fenómeno criminal y social. Deben ser construidas con equipos multidisciplinarios, pero con la participación de todo el Estado que le proporcione planes, estrategias, acciones, principios, reglas, con claros indicadores cuantitativos y cualitativos.
Deben trascender de un quinquenio. Esta política criminológica tendrá a su base la prevención, y a erradicar las causas individuales y sociales de la violencia y delincuencia, enfocando y tratando la prevención, víctima, delito, delincuente, subsistemas sociales criminales, procesos de criminalización.
Debe tener cuatro pilares al menos: las instituciones encargadas de la justicia y prevención, el derecho penal, los medios de comunicación y la participación activa y primordial de la comunidad. Es posible construirla, solo falta la voluntad política de hacerlo.