La lucha contra la corrupción: una tarea de persistencia, creatividad y colaboración

Esta nueva institucionalidad nos pone un reto a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, para poder determinar por qué no se logra justicia en algunos casos de gran corrupción y conocer en dónde se originan los errores o son más bien fallas estructurales del sistema anticorrupción.

Dic 17, 2019- 19:43

Nuevamente despedimos el año con la “Semana de la Transparencia 2019”. El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrado por Fundación DTJ, FUSADES, FUNDE, el Centro de Estudios Jurídicos y Techo El Salvador, ha seguido promoviendo el concepto que es inaplazable que nuestro país tenga una mejor democracia, en donde la transparencia sea un eje transversal en el Estado, en el que la corrupción sea combatida efectivamente y la ciudadanía ejerza un rol proactivo.
El 9 de diciembre de cada año, las Naciones Unidas ha designado como el “Día Internacional contra la Corrupción”, con el propósito de generar conciencia sobre el impacto negativo que este fenómeno tiene en la sociedad. Es en este contexto que el Consorcio, por sexto año consecutivo, llevó a cabo una serie de eventos con expertos nacionales e internacionales. Durante las sesiones pudimos reflexionar sobre algunos indicadores de El Salvador: según el estudio más reciente de LAPOP el 48.7% de personas encuestadas considera que la corrupción está muy generalizada y el 31.7% piensa que todos los políticos son corruptos. En una línea similar los resultados del estudio “La corrupción en El Salvador y sus efectos en la ciudadanía” de la Universidad José Matías Delgado y la Universidad Francisco Gavidia indican que el 57.7% de encuestados piensa que la corrupción ha aumentado y el 75.1% considera que la corrupción en el gobierno es normal. Estos resultados son, sin duda, preocupantes y nos llaman a la reflexión.
En las palabras de José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional: “La corrupción no distingue clase social, género, edad, ni ideología”. La corrupción es un mal generalizado y su persecución debe ser oportuna y efectiva. Para que haya más transparencia y un combate más enérgico contra los actos de corrupción, las instituciones pertinentes deben funcionar de forma decidida. Dentro de ellas se encuentran la Corte de Cuentas de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Fiscalía General de la República. Estas entidades tienen atribuciones bien demarcadas y deberían trabajar en forma colaborativa para que ningún aspecto de esta lucha quede desatendido. El problema que hemos tenido en el país es que el desempeño de muchas de estas instituciones ha sido intermitente y aletargado, pudiendo lograr avances, pero los riesgos de retrocesos siempre están en la oscuridad.
La razón de lo anterior es que existen elementos culturales seriamente enraizados en la sociedad pero se ha comprobado en el mundo, que aún en sociedades con estas características, se pueden obtener grandes logros media vez exista voluntad política, una buena aplicación de la ley, simplificación y digitalización de trámites y servicios, sistemas de gestión efectivos, servidores públicos contratados por mérito, mejora en el sistema de compras públicas y transparencia en concesiones, campañas de educación cívica entre otros.
Ahora que hay un nuevo actor, que es la CICIES, sobre la cual aún hay dudas, se debe asegurar que su funcionamiento será autónomo e independiente, enfocado en potenciar las capacidades de la Fiscalía y del Órgano Judicial y que, bajo ningún concepto, será instrumentalizada para actuar con fines políticos.
Esta nueva institucionalidad nos pone un reto a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, para poder determinar por qué no se logra justicia en algunos casos de gran corrupción y conocer en dónde se originan los errores o son más bien fallas estructurales del sistema anticorrupción.
En definitiva, resultó sumamente enriquecedor analizar los nexos entre la corrupción, el desarrollo económico y el progreso social, pues en efecto la corrupción, además de debilitar a las democracias, afecta también el desarrollo económico y el goce de los derechos sociales, volviendo a los países más pobres, imposibilitando el desarrollo humano de sus ciudadanos.
Por eso compartir experiencias sobre buenas prácticas para frenar este fenómeno que constantemente muta y se regenera es una tarea que, desde la sociedad civil, debemos impulsar y facilitar. La corrupción deteriora la fibra social, por lo que se requieren intervenciones muy bien meditadas, coordinadas y colaborativas entre los diferentes actores llamados a combatirla.

Abogada, presidenta de Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

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