La integridad pública y sus herramientas para prevenir la corrupción

La prevención de la corrupción que es mucho más eficaz y menos costosa que la represión de las conductas corruptas consumadas

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Dustin Corea celebra un gol del Deportivo Mixco de Guatemala. Foto Tomada de @cmenendezgt

Por María del Carmen Martínez Barahona

2019-12-04 5:56:09

La Corte de Cuentas de la República es miembro de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), de la Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores(OCEFS), y de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). El actual Organismo de Dirección máxima autoridad en la Corte de Cuentas está comprometido en difundir la cultura de integridad pública para fortalecer las Instituciones Estatales, contribuyendo al combate de la corrupción. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 58/4, proclamó el 9 de diciembre “Día Internacional contra la Corrupción”.
La corrupción es un fenómeno social, político, económico muy complejo que afecta a muchos países en el mundo. La corrupción socava las instituciones democráticas e impide que la población goce de los servicios básicos inherentes a su calidad de persona humana. Por ello reconocemos que la transparencia, la rendición de cuentas, la contraloría ciudadana, son ejes fundamentales en un Estado Social y Democrático de Derecho y pilares esenciales de la integridad pública, por ende, preventivos de conductas corruptas.
De ello deviene la importancia de fortalecer la integridad en las instituciones públicas y generar un ambiente donde la corrupción, el fraude, la ilegalidad y otras malas prácticas estén ausentes; los servidores públicos, sin excepción, debemos conocer y poner en práctica los principios y valores éticos en cada una de las funciones que realizamos, en armonía con la misión y visión institucional; cada funcionario y/o empleado público debe manejarse con estándares de comportamiento aceptables. Los titulares y máxima autoridad están llamados a actuar conforme al código de ética y de conducta, fortalecer la cultura de integridad pública desde el interior de cada entidad; entre más se fortalezcan estos principios y valores, menores índices de corrupción tendremos.
Una política de integridad pública constituye un valladar en la lucha contra la corrupción y es un reto para las entidades del Estado. La cultura de integridad pública debe iniciar con la creación y divulgación de un código de ética y conducta, como herramienta para impulsar y velar por la cultura de valores y principios éticos, que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos, deben establecerse pautas de comportamiento obligatorio para los servidores públicos y para terceros que se relacionen con cada entidad pública.
Se debe articular un conjunto de valores de servicio público, crear ambientes propicios para el comportamiento ético, divulgar y promover el código de ética y conducta al interior de las entidades, como herramientas que contribuyan a la cultura en pro de la integridad en el sector público; por supuesto, sumado a mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y contraloría ciudadana.
Para fomentar una cultura de integridad pública en las entidades del estado, es necesario hacer referencia al modelo de las tres líneas de defensa, retomadas por el Instituto Internacional de Auditores Internos y adoptado internacionalmente como una mejor práctica.
Este modelo establece a la dirección operativa como primer línea de defensa. Los controles están diseñados para los sistemas y procesos bajo su dirección; segunda línea de defensa, las áreas específicas establecidas por la alta dirección que tienen como propósito administrar los riesgos y vigilar el cumplimiento legal y normativo de cada unidad organizativa, previniendo así los actos de corrupción; tercera línea de defensa, los auditores internos, indispensables para promover la integridad, prevenir la corrupción y mejorar el desempeño de todas las instituciones del sector público, por lo que éste debe contribuir a la transparencia y probidad institucional. De esta manera se le estará apostando a la prevención de la corrupción que es mucho más eficaz y menos costosa que la represión de las conductas corruptas consumadas.

Primera Magistrada de la Corte de Cuentas de la República