En las próximas semanas la Asamblea Legislativa iniciará la discusión para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Es la segunda elección después de que la Sala de lo Constitucional prohibiera que los cargos en esa instancia sean ocupados por personas que tengan algún vínculo formal o material con los partidos políticos. La primera se celebró en 2014 y como consecuencia de aquel fallo uno de los nombrados fue apartado provisionalmente de su cargo, precisamente por tener una aparente relación material con el FMLN. Aún está pendiente el fallo definitivo en este caso. Previamente fue declarada inconstitucional la designación de un expresidente del TSE porque seguía formando parte de la comisión política de su partido.
El TSE es el encargado de cuidar la transparencia de las elecciones. La falta de credibilidad de las autoridades electorales en América Latina obliga a los legisladores a realizar un cuidadoso proceso que, en el caso salvadoreño, debe apegarse a la jurisprudencia constitucional. Una mala elección podría encaminarnos a una crisis política en 2021.
Los magistrados están obligados a cumplir la ley. Para satisfacer este propósito es necesario que enfrenten el desafío de modernizar al TSE. Esta institución, como la mayoría de oficinas del sector público, precisa de la profesionalización de su personal. No se puede continuar con cuotas políticas al interior del árbitro electoral. También requiere del fortalecimiento de las unidades que tienen a su cargo el control del financiamiento que reciben los partidos y la administración de la justicia electoral. Asimismo tiene que avanzar en la tecnificación del conteo de votos y del procesamiento y transmisión de los resultados.
La Constitución manda sustituir a los cinco integrantes del colegiado cada cinco años. El diseño institucional del TSE no incluye la elección escalonada de los funcionarios (vencimiento de sus cargos en diferentes años) de tal forma que pueda aprovecharse la experiencia adquirida de uno o dos de los titulares. Por ahora el problema se ha resuelto con la reelección de algunos de ellos. Tres de los cinco magistrados del TSE son propuestos por los tres partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en los últimos comicios presidenciales. Que la elección la realice el Órgano Legislativo no debería ser obstáculo para que los nombrados sean personas independientes, con un alto sentido de responsabilidad y, de preferencia, con conocimiento en el área electoral. Los otros dos miembros provienen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se supone que los recomendados por el alto tribunal de justicia serán los encargados del área jurisdiccional del TSE.
Un buen mecanismo para filtrar las candidaturas y elegir el mejor perfil es el uso de los baremos. Se trata de una herramienta que asigna diferentes puntajes según la experiencia de cada aspirante y que ha sido utilizada, a propuesta de organizaciones de la sociedad civil, en las últimas dos elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Plataforma Ciudadana Electoral en la que participan IEJES, Acción Ciudadana, la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, TRACODA, la Universidad de El Salvador, la Iniciativa Social para la Democracia, FUSADES, CREO y la Universidad Gerardo Barrios, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, entregaron a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y a la CSJ, un modelo de baremo para comprobar la idoneidad de los candidatos a magistrados del TSE.
La iniciativa sugiere explorar su formación académica, el conocimiento del derecho electoral, sus estudios en áreas afines, su trayectoria profesional, independencia e imparcialidad, la moralidad de los aspirantes y el plan de acción que implementarían de llegar a ser electos para el cargo. Además se recomienda un examen de conocimiento y la observancia de los requisitos legales establecidos en la Constitución para los que componen las ternas de la CSJ. La Plataforma pide también la celebración de entrevistas públicas y una adecuada acreditación de los finiquitos y la documentación de respaldo de los evaluados.
La práctica utilizada por los partidos ha sido la de aceptar, sin reparos, a los candidatos propuestos por cada instituto político. Ese método tiene el riesgo de terminar eligiendo personas que no pasen el examen de constitucionalidad de la Sala. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales y el presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política han mostrado apertura al planteamiento de la Plataforma que corregiría el modo aplicado en elecciones anteriores. En la actualidad, cuando el escrutinio social es mucho más exigente que antes, transparentar estos procesos es una señal inequívoca del compromiso con la democracia.
Doctor en Derecho y politólogo