La reciente encuesta del Instituto Universitario de opinión Pública (IUDOP) de la UCA explora el tema de la confianza en los partidos políticos, en el Tribunal Supremo Electoral y en el futuro gobierno. Los primeros se llevan la peor parte. La gente se siente distante o muy distante de los institutos políticos. Todas las organizaciones partidarias, sin excepción, tradicionales y recién constituidas, reciben una mala calificación. Los ciudadanos los consideran poco transparentes y no están satisfechos con la manera en que funcionan.
Entre las razones por las que no ejercieron el sufragio los encuestados advierten, en orden de importancia, que hay mucha corrupción, que ya no creen en los partidos, que no les interesa votar, que no les convenció o no les gustó ningún candidato, que están decepcionados del gobierno o, simplemente, que las elecciones no sirven para nada. La apatía de la población se reflejó en una baja participación del 52% del padrón. En comparación con las últimas tres elecciones presidenciales la disminución en el porcentaje de asistencia a las urnas fue, en promedio, de un 11%.
Los motivos de este descenso deben ser analizados. Los partidos están obligados a identificar las causas para corregir el rumbo y motivar a los electores a respaldar el fortalecimiento de la democracia. Cuando 8 de cada 10 salvadoreños se encuentran poco o nada satisfechos con la manera en que funcionan los partidos no nos podemos conformar con modificaciones tibias. Al igual que en otros países, inmersos en procesos de reforma política y electoral, lo que corresponde en El Salvador es el debate de cambios drásticos para no arrastrar los vicios del pasado a los comicios del futuro. En el Perú, por ejemplo, una comisión especial sugirió, entre otras reformas, la celebración de elecciones internas en los partidos con carácter obligatorio, abiertas —participan los ciudadanos habilitados a votar, sin estar necesariamente afiliados al partido, además de los militantes— y simultáneas, es decir, que todos los partidos realizan su proceso el mismo día.
Por otra parte, tras unos resultados con una brecha bastante amplia entre el ganador y el segundo lugar, la evaluación del Tribunal Supremo Electoral fue positiva. En la encuesta del IUDOP los salvadoreños lo calificaron con una nota de 7.69. Apenas un mes antes de la elección presidencial los encuestados reprobaron el trabajo del organismo electoral asignándole un 5.56. Con un escenario de resultados estrechos ¿la percepción del desempeño del TSE sería la misma? Indudablemente habrían sobrevenido las impugnaciones, la ineficacia de la justicia electoral, las acusaciones de fraude, las diferencias entre los miembros del colegiado y la auditoría de la sociedad civil organizada.
La encuesta señala que no obstante “la evaluación del TSE es satisfactoria, la confianza en el proceso electoral fue baja”. La radicalidad de los cambios también aplica para este caso. No hacer nada y llegar a las elecciones legislativas y municipales del 2021 con las mismas trabas nos enfrentaría a un escenario de riesgo. El reto más cercano es el de la designación de los magistrados del organismo electoral para el período 2019 – 2024. Un sólido compromiso de estos funcionarios con la modernización institucional puede agilizar la trasformación del árbitro electoral.
Finalmente la encuesta examina al nuevo gobierno. El 61.4% de los consultados mencionó que tiene mucha o alguna confianza en el presidente electo y casi el 70% cree que el país mejorará con su llegada al Ejecutivo. En el mismo estudio de opinión se advierten dos datos adicionales: el 47.1% se siente distante o muy distante del futuro mandatario y un 50.5% lo considera una persona de centro. Aún es muy pronto para juzgar a la siguiente administración. Por ahora recién comienzan a conocerse los miembros del Gabinete. Hay líneas bastante claras acerca del giro que tomará la política exterior, los aspectos generales de la estrategia económica se presentaron en la Heritage Foundation y se ha reconocido la necesidad de un diálogo nacional para enfrentar el problema de la inseguridad pública. Cuando revelen a los titulares de los gabinetes de seguridad y económico, a los responsables de las instituciones autónomas más importantes y a los encargados de los entes reguladores, podremos estimar el tipo de gobierno para los siguientes cinco años y disipar cualquier síntoma de desconfianza, principalmente por parte del sector empresarial. Asimismo la mejora en los indicadores de empleo, competitividad, recaudación tributaria y Estado de Derecho, como resultado de la capacidad de los próximos funcionarios y de la adecuada coordinación del equipo de gobierno, acercará al mandatario con la población.
Doctor en Derecho y politólogo