La tentación cuando finaliza un ciclo de gobierno es la de calificar a los mandatarios asignándoles una nota que refleje el desempeño, malo o bueno, de su paso por la Presidencia de la República. Las encuestas permiten ese tipo de evaluaciones. Los estudios de opinión pública de las universidades y de algunos medios de comunicación señalan si el presidente de turno aprobó o reprobó su gestión al frente del Ejecutivo. Otros análisis, con metodologías diferentes, repasan los principales hitos del quinquenio y proporcionan información que contribuye a la contraloría social y al estudio por parte de organizaciones civiles o centros de pensamiento, nacionales e internacionales, que se dedican a proponer políticas públicas.
Ese es el caso del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de FUSADES. A partir de 2009 y durante diez años consecutivos, el DEP ha presentado una apreciación de las principales áreas de la administración y los rasgos más relevantes del comportamiento del presidente en su relación con el sector privado, con el Órgano Legislativo y con las entidades que respaldaron su candidatura acompañándolo durante todo su período. El documento también muestra la conducta del Jefe de Estado respecto de los principios democráticos y da cuenta de la eficacia con la que cumplió las promesas de campaña y los programas incluidos en su plan de gobierno.
La evidencia demuestra que el presidente Sánchez Cerén supo construir las coaliciones necesarias con los distintos grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. La aprobación unánime de aproximadamente el cincuenta por ciento de las iniciativas de ley más importantes del Ejecutivo lo mismo que el uso moderado de los mecanismos de control, conocidos como vetos u observaciones, confirman su capacidad para lograr consensos con el resto de fuerzas políticas. Los proyectos de presupuesto y la aprobación de préstamos internacionales fueron los aspectos en los que más se dificultaron los acuerdos.
El mandatario respetó la forma de gobierno, no instrumentalizó a las instituciones públicas en contra de sus críticos y adversarios políticos y mostró una genuina disposición al diálogo. Contrario a lo anterior, el gobernante compartió con el FMLN, su partido, la narrativa y los ataques en contra de la Sala de lo Constitucional, no apoyó el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela, Nicaragua y Cuba y se opuso al fortalecimiento de la Fiscalía General de la República al vetar la reforma que otorgaba autonomía a la Unidad Financiera de esa institución.
El vínculo con los empresarios pasó por diferentes etapas pero no terminó en ruptura como sucedió entre 2009 y 2014. El presidente Sánchez Cerén logró recomponer el diálogo con las gremiales empresariales no obstante la escalada de tensión que originó su silencio ante las conclusiones del FMLN en las que este instituto político reivindicó un modelo socialista con el que esperaba estatizar la economía y donde la independencia de poderes se consideraba un estorbo a las aspiraciones de esa fuerza política de izquierda. La pérdida de confianza, que no derivó en el rompimiento total del nexo con el empresariado, llegó ante el anunció de la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China seguida de la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, debido a la opacidad con la que se fraguaron esas resoluciones.
Por otro lado el reconocimiento de los líderes del FMLN al papel que desempeñó el presidente, como comandante guerrillero, durante el conflicto armado le garantizó, en los cinco años de gobierno, el amparo de la comisión política.
El mandatario acompañó a los miembros de la máxima dirección del partido oficial en sus posiciones a favor de Maduro, Ortega y los Castro, y materializó su simpatía por esos regímenes oponiéndose a las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos que proponían la activación de la Carta Democrática Interamericana.
Asimismo calificó el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba como “injusto y anacrónico” en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El lazo con las bases del partido y con buena parte de los sindicatos y los movimientos sociales se debilitó gradualmente, profundizándose en 2018 con la derrota del FMLN en las elecciones legislativas.
La ineficacia fue, indudablemente, el mayor de los déficits del Presidente. No alcanzó las metas de inversión pública; cayeron los indicadores económicos en materia de competitividad, facilidad para hacer negocios y libertad económica; el área social, si bien reveló ciertos avances principalmente en la formación de los docentes, no cumplió con las expectativas de la población; y la inseguridad pública mantuvo un estado de crisis permanente, un progresivo deterioro de la institucionalidad y una falta de liderazgo que deja al país y a la próxima administración con un grave problema de criminalidad.
Para consultar el documento completo del DEP visite la página www.fusades.org o su cuenta en twitter @fusades.
*Doctor en Derecho y politólogo