La última ocurrencia cyan- la de establecer un impuesto del 5% sobre la extensión, renovación o modificación de pólizas de seguros- constituye un nuevo desliz económico de la actual administración. Políticamente, puede ser conveniente usar la bien ponderada imagen del Cuerpo de Bomberos en la sociedad salvadoreña para buscar meterle la mano en la bolsa y más allá a los ciudadanos.
Sin embargo, la realidad es implacable: los efectos económicos ocurren con independencia de las intenciones políticamente divulgadas y aldeanamente aceptadas.
Los impuestos son siempre instrumentos de política económica que generan ineficiencia en los mercados.
Constituyen la toma violenta del patrimonio privado de los hogares o de las empresas en favor de “la criada del cuento”: el estado. Violenta, en tanto se comprende que el estado posee el teórico monopolio de la fuerza en el sistema político, por lo que si alguien osa no cumplir con el pago de los impuestos se expone a que el estado use todos los recursos que le asisten para cobrar (en el caso legal).
Sin embargo, más bien estas reglas sirven como pieza de toque para arrancar un juego de claroscuros en los que se favorecen acuerdos coyunturales entre los afectados y la criada más allá de la ley (las famosas “mordidas” o sobornos).
Los impuestos reducen la riqueza generada en una sociedad. Por un lado, una parte del segmento “previsor y responsable” del mercado (aquellos que tienen claro que ni ellos ni el resto de gente son inmortales ni “highlanders”, que entienden que exponer sus bienes de orden superior a las diversas contingencias de la vida, que asumen) recibe una señal de que su comportamiento (el deseable sin duda) recibe “palo”, mientras que el de sus contrapartes “irresponsables y no previsores” se ve favorecido; esto tiene efectos de largo plazo tremendos sobre la continuidad y calidad de la oferta de trabajo, bajando con ello perfil al clima de inversión privada.
En otra instancia, el mercado de seguros se verá obligado a subir las primas, lo cual reducirá el excedente obtenido en la transacción por aquellos responsables que decidan continuar aún en las nuevas condiciones; es de esperar que dicho incremento sea más agudo en la medida que la elasticidad precio de la demanda sea menor (clientes empresariales probablemente) y más leve en segmentos de alta sensibilidad (personas u hogares). ¿Se habrá hecho el análisis sobre la cantidad de hogares vulnerables que renunciarán a uno que otro seguro que luchaban por tener y que comenzarán a depender de la política pública? Pero vamos al caso de quienes se mantengan con sus pólizas: aún así habrá impacto, ya que esos hogares reducirán su capacidad adquisitiva respecto de otros bienes y servicios que también valoran. No se diga del impacto en el mercado del crédito: al elevarse el costo por adquirir un seguro de deuda muchos postergarán la adquisición de préstamos, impactando el crecimiento económico y los flujos de caja de varias empresas, sobre todo de las más pequeñas.
La Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) publicó el 4 de octubre un comunicado con mucha sensatez.
Entre otras cosas, porque propone lo que se conoce como “alineamiento de incentivos” al sugerir que el impuesto se coloque exclusivamente a las líneas de “seguro contra incendios y líneas aliadas”, lo cual tiene una mayor lógica económica.
Es decir, igual tendrá su impacto negativo, pero definitivamente menor al que se apunta en el párrafo anterior.
El Salvador requiere de una formulación de políticas públicas eficiente, que comprenda que la consecución de sus objetivos no depende enteramente del gobierno directamente sino de su interacción con otras fuerzas preexistentes en el mercado, los hogares y las empresas, que mediante la cooperación espontánea ya están haciendo algo por resolver problemas sociales.
*Economista y catedrático universitario.