El pasado 18 de septiembre, dos jóvenes hermanos, Karen y Eduardo, ya no regresaron a su casa. Los mensajes de WhatsApp que su madre les enviaba a sus teléfonos dejaron de llegar. Durante las últimas semanas su madre ha estado agonizando en vida y no respira otra cosa más que angustia. Vivimos en un país en donde se ha normalizado que una joven de 18 años y su hermano de 20 desaparezcan. El 25 de septiembre, familiares y amigos cercanos de Karen y Eduardo se concentraron en la Plaza Tegucigalpa de Santa Tecla y uno de los carteles que sostenían dos personas resaltaba una cruda frase: “Los procesos que se tardan pueden ser vidas que se pierden”. ¿Qué ha dicho la FGR hasta este momento sobre este caso?
Según datos de la misma FGR, gestionados por la revista digital Gato Encerrado para uno de sus reportajes, para agosto de este año las víctimas por desaparición ya superaron al total de víctimas de todo el año 2020. Y solo en esos primeros 8 meses del corriente año, el total de personas desaparecidas son de 789. Lo alarmante es que ante estos hechos tan duros y cargados de tantas incertidumbres, lo único que hay son cifras, al menos las que son públicas; entre estas cifras hay otra muy indignante: desde que en 2019 se introdujo en el Código Penal el delito por desaparición, el Estado salvadoreño solo ha condenado a 14 personas por ese delito, y durante ese mismo lapso de tiempo, los casos por desapariciones rondan la cifra oficial de 1,500 personas.
El Salvador es un país en donde una mujer no puede sentirse segura al caminar sola por la calle, es un país en donde los jóvenes son las principales víctimas por desaparición, es un país en donde más padres y madres entierran a sus hijos e hijas y no al contrario. Lamentablemente también somos un país en donde muchas cosas superfluas, muchísimas, están por encima de todas estas víctimas. ¿Cuántos padres temen porque sus hijos salgan de noche? ¿Cuántas mujeres mandan su ubicación en tiempo real cuando suben a un Uber? ¿Cuántos hijos, parejas y familiares tienen que avisarle a otra persona que llegaron con bien a su lugar de destino? Todas estas situaciones se han vuelto comunes, pero no debemos olvidar que no son normales. Tampoco podemos olvidar que detrás de un anuncio que enaltece la disminución de homicidios, hay pactos oscuros que hacen disminuir una cifra para que las autoridades se hagan las del ojo pacho con otras, y mientras eso sucede, hay familias enteras llorando por una vida humana y no por una cifra.
Como Karen y Eduardo hay muchos jóvenes más que no han podido regresar a su casa y, como la madre de Karen y Eduardo hay muchas madres y padres más que siguen viviendo con zozobra. No hay palabras que les puedan acompañar en su dolor, pero sí hay muchas personas que empatizan con estas realidades y que saben que frente a los desaparecidos hay que alzar las voces con mucha fuerza para exigir procesos ágiles, datos transparentes y el acompañamiento debido a los familiares de las víctimas. Es un derecho para cada familia y para la sociedad entera dar con el paradero de las víctimas y saber qué les ocurrió, ese es el principal acto de reparación y al mismo tiempo de prevención ante estas situaciones.
Si el problema de las desapariciones no se ataca de raíz y no conduce al Estado hacia reflexiones y acciones contundentes, nos estaremos sumergiendo, cada vez más, en cifras más desgarradoras y en menos capacidad para atender y acompañar a los familiares de las víctimas. Por estas razones y porque es necesario insistir en que estos agobios no son normales, debemos ser conscientes que todos somos Karen y Eduardo. Todas las personas merecemos vivir con la certeza de que regresaremos a nuestras casas.
Comunicólogo y político