Quieren fundar una cleptocracia

Las declaratorias de emergencia dictadas con motivo de la pandemia autorizaron la realización de compras directas, esto es, sin seguir el procedimiento de la LACAP, pero tal situación excepcional no significa desconocer u obviar las incapacidades o los impedimentos previstos en la misma ley para contratar con el Estado.

Jul 16, 2020- 21:15

PUESIESQUE…me entero por los medios de comunicación de la expansión y consolidación del nepotismo en la actual administración presidencial, así como me informo de las sólidas sospechas de marrullería e ilegalidades en millonarias compras y gastos gubernamentales durante la pandemia.
¡Vaya “camándula” de la que nos estamos enterando!…y eso que apenas va un año de administración presidencial: asemeja que esta desea, amén de institucionalizar una caquistocracia o “gobierno de los peores” (sobre eso reflexioné en este mismo espacio editorial, el 19 de mayo de 2020), fundar un modelo político nefasto: la CLEPTOCRACIA.
Esa palabra, cleptocracia, resulta de la unión de dos voces griegas, clepto, que significa “quitar, hurtar, robar”; y kratos, “mandato o gobierno”; así que, muy eufemística y elegantemente, el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define cleptocracia como “sistema de gobierno en el que prima el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”. En mi barrio quizá ocuparíamos algunas palabritas con mayor carga emotiva. Así que ahora queda más evidente la real intención detrás de la insistencia en las declaratorias de emergencia por parte de la administración presidencial: hacer compras y gastos sin someterse a las disposiciones de la Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (LACAP), es decir, imponer la arbitrariedad en los gastos estatales.
Queda claro que todos esos proyectos de leyes y decretos producidos por quienes se hacen llamar “equipo jurídico de la Presidencia”, amén que eran notoriamente inconstitucionales (como ya se declaró por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) eran únicamente una pantomima para ocultar el objetivo real: ejemplo patético de ello fue el decreto ejecutivo No. 19, del 19 de mayo de 2020, el cual, después de 29 considerandos en 7 páginas, que son pura hojarasca discursiva vacía de contenido (“ripio”, pues), en realidad se reduce a menos de una página, específicamente, a 4 breves artículos que se limitan a la declaratoria de emergencia por COVID-19.
Por cierto, ante las denuncias de compras gubernamentales a empresas de familiares de funcionarios o, incluso, a empresas propiedad –directa o indirectamente- de funcionarios estatales, es vital la siguiente aclaración: las declaratorias de emergencia dictadas con motivo de la pandemia autorizaron la realización de compras directas, esto es, sin seguir el procedimiento de la LACAP, pero tal situación excepcional no significa desconocer u obviar las incapacidades o los impedimentos previstos en la misma ley para contratar con el Estado.
En otras palabras, aunque existiera declaratoria de emergencia, los efectos de esta se circunscriben al procedimiento de adquisición y contratación, pero de ninguna forma se generó supresión temporal de las incapacidades o impedimentos para contratar: así, por ejemplo, siempre ha estado vigente que una persona jurídica extranjera está incapacitada para contratar con el Estado si no está legalmente constituida de acuerdo con las normas de su propio país; o que los miembros del Consejo de Ministros están impedidos de contratar con el Estado; o que también están impedidas de contratar con el Estado empresas en las que funcionarios estatales son propietarios, socios, accionistas o administradores; o que están impedidas las empresas en las que el cónyuge, conviviente y parientes del funcionario son propietarios, socios o administradores. Eso no ha cambiado en ningún momento.
Si como dicen por ahí, algún “jurídico” se atrevió a sugerir a algunos funcionarios que sí podían contratar con el Estado aprovechando la declaratoria de emergencia…les seré franco: lo siento, se los engancharon. Además de la nulidad de los contratos, esos funcionarios deberán responder ética, administrativa y, según el caso, penalmente.

Abogado constitucionalista.

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