La insurrección manipulada

Si alguien está descontento con las actuaciones de los diputados en la Asamblea Legislativa, la vía para reemplazar a estos funcionarios es el ejercicio del derecho al voto de manera seria e informada en las próximas elecciones legislativas. El derecho a la insurrección no tiene nada que ver para ese fin específico.

Por Erika Saldaña
Abogada

Feb 17, 2020- 05:30

El domingo 9 de febrero de 2020 pasará a la historia como el día en que la estabilidad de una república pendió de un hilo. La confianza construida por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos meses se vino abajo, todo por un arrebato del mandatario. El presidente de la República se hizo acompañar de un pelotón de la Fuerza Armada para ingresar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla del presidente del Legislativo y manifestó: “Ahora está muy claro quién tiene el control de la situación”, todo en un arrebato dada la negativa del Legislativo de sesionar y aprobarle la autorización para negociar un préstamo. Un aire a dictador que no habíamos percibido tan claramente en las últimas décadas.

Después de estos hechos, la mayoría de los funcionarios de gobierno quiso minimizar lo ocurrido mediante comunicados institucionales o diciendo que no se trataba de un intento de intimidación a la Asamblea Legislativa, sino que el pelotón es la seguridad regular del presidente de la República. Pero todos los salvadoreños lo vimos, por más que traten de matizar lo ocurrido, las fotos y videos que vimos el 9-F valen más que mil palabras.

Ese día ya pasó. Sin embargo, todavía se mantiene viva una narrativa peligrosa, la cual tiene meses sembrándose: el llamado a que vale la pena cambiar “el sistema” mediante el ejercicio del derecho a la insurrección. Los promotores de esta idea manifiestan que las acciones u omisiones de los legisladores “rompen el orden constitucional”, por lo que aplica una de las consecuencias del derecho a la insurrección: separar a los funcionarios de su cargo. Es necesario, nuevamente, hacer una breve reflexión sobre las condiciones del ejercicio del derecho a la insurrección.
La exposición de motivos de la Constitución —documento fidedigno para su interpretación conforme al artículo 268 de la misma— señala que la insurrección tiene un solo propósito: reestablecer el orden constitucional. El rompimiento a este orden se configura únicamente bajo 3 supuestos que deben cumplirse: 1) transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno (a la República y sus principios), por ejemplo instaurar una monarquía, dictadura, o cambiar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia; 2) transgresión al sistema político establecido (pluralista, democrático y representativo); 3) graves violaciones a derechos constitucionales.

Los efectos del ejercicio del derecho a la insurrección son 2, también restringidos: 1) reemplazo de los funcionarios transgresores temporalmente; 2) la nueva elección debe realizarse mediante los mecanismos previstos en la Constitución. En resumen, este derecho otorga al pueblo —limitado por la misma ley fundamental— la posibilidad de reestablecer el orden contra un gobierno u otros órganos que irrespeten la Constitución. En ningún momento se trata de una facultad para sustituir a ciertos funcionarios con los que existe descontento.

La Asamblea Legislativa ha sido una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía; de ella se percibe mucho ruido y poco trabajo, que sus actividades están guiadas por intereses particulares y que es un foco de corrupción. A pesar de todo lo malo que podamos señalar, en una democracia las formas importan y, en este caso, la forma de cambiar a los diputados es sumamente importante para preservar la república democrática. No es lo mismo relevarlos con base en los resultados en las urnas, a alentar una crisis constitucional para lograr ese cambio.

Si alguien está descontento con las actuaciones de los diputados en la Asamblea Legislativa, la vía para reemplazar a estos funcionarios es el ejercicio del derecho al voto de manera seria e informada en las próximas elecciones legislativas. El derecho a la insurrección no tiene nada que ver para ese fin específico. Hay quienes quieren saltarse la institucionalidad y la Constitución haciendo una interpretación antojadiza del derecho a la insurrección. No nos dejemos manipular.

Abogada

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