¿Quién tiene el control de la situación?

No hay que ser ingenuos, la amenaza continúa latente. Pero hoy el riesgo es menor al que enfrentábamos en la tarde de ese infame Domingo de Insurrección… de falsa insurrección.

Feb 13, 2020- 18:23

Acabamos de vivir la peor crisis constitucional en la historia de nuestra actual Constitución.
El jueves antepasado, el Consejo de Ministros hizo una desafortunada interpretación del artículo 167 ordinal 7o de la Constitución. Todo para obligar a la Asamblea Legislativa a que sesionara con el propósito de autorizar la suscripción de un préstamo por US$109 millones. Con esa decisión se activó un proceso que en los siguientes días escalaría hasta llevarnos al borde de un golpe de Estado.
El sábado nos sorprendió un cerco militar en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. El domingo esa tragedia griega llegaría a su clímax. Un batallón irrumpió al recinto del Congreso y luego el Presidente de la República ingresó. Frente a los curules vacíos y las decenas de militares que ocupaban el Salón Azul jugando un triste papel de guardia pretoriana, el Presidente dijo: “Ahora está muy claro quién tiene el control de la situación”. Luego oró.
El Presidente de la República decidió abruptamente suspender lo que sea que pretendía. Frente a una turba de seguidores y empleados púbicos decidió conceder una semana más para que la Asamblea Legislativa cumpliera con sus deseos.
Resulta que un día de antes de ese golpista despliegue militar dos ciudadanos habían llegado al Juzgado de Paz de turno armados solo con un legajo de papeles. Era una demanda de inconstitucionalidad.
El lunes la República amaneció en tensión. ¿Había aún orden constitucional esa mañana?
La Sala de lo Constitucional estaba en silencio y las ansiedades crecían. Pero finalmente, en la tarde de ese lunes, los magistrados hablaron de la forma en que le corresponde hablar a un juez: con sus resoluciones.
El Tribunal Constitucional admitió la demanda de esos ciudadanos. En el texto de esa resolución hizo un desarrollo sobre el papel de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública.
El tribunal emitió cuatro medidas cautelares. Pero la que guarda una potencia particular es la que dice: “[Ordénase] al Presidente de la República que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada contrario a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes”. Así se hace historia.
Dos ciudadanos y cinco magistrados, apenas armados con tinta y papel, detuvieron a todo el aparato militar que amenazaba a la República.
Sí. El sistema constitucional se protegió. El domingo estaba herido de muerte y el lunes fue la misma institucionalidad la que lo rescató.
No hay que ser ingenuos, la amenaza continúa latente. Pero hoy el riesgo es menor al que enfrentábamos en la tarde de ese infame Domingo de Insurrección… de falsa insurrección.
En agosto del año pasado escribí en este periódico una columna titulada “El tiempo de los jueces”. Decía: “En Nicaragua, Venezuela y Honduras, regímenes con vocación autoritaria, tuvieron la visión de posicionar en los primeros lugares de su agenda el control del Órgano Judicial. A esas naciones hoy les resultará más difícil retomar la senda del constitucionalismo liberal. Pero en aquellos lugares en que el Órgano Judicial, a pesar de sus tropiezos, aún preserva visos de independencia e imparcialidad es necesario que la ciudadanía custodie activamente la dignidad de las togas. Puede que en ellas se encuentre la última esperanza”.
Nunca imaginé que apenas meses después El Salvador estaría en esta situación. Pero la buena noticia es que, tras el orden impuesto por la Sala de lo Constitucional, parece que ahora sí está muy claro quién tiene el control de la situación.

Abogado.

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