¿Qué viene después del 9F?

El remedio más adecuado para contrarrestar estas amenazas, podrá parecer improductivo, es el diálogo. Falta debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre las autoridades y sectores como el empresarial y el sindical, y entre éstos y la población. La estampa del 9F no puede repetirse.

Feb 12, 2020- 22:17

Son varias y muy graves las consecuencias de lo ocurrido el pasado domingo 9 de febrero. No es posible pasar la página y eximir de responsabilidad a quienes comprometieron la estabilidad política del país. Habrá desde los que sufrirán un alto costo político, hasta quienes deberían ser procesados penalmente. La Fiscalía General de la República, como garante de los intereses del Estado, tiene la obligación de investigar las conductas de los involucrados y concluir si se configuraron, o no, los tipos delictivos establecidos en el Código Penal. La historia juzgará el desempeño de las instituciones de control en la crisis más peligrosa que ha padecido el sistema político salvadoreño en lo que va del siglo XXI.
Por otro lado, el Gobierno debe restaurar la confianza de la comunidad internacional y la de los inversionistas locales y extranjeros. La buena impresión por el giro que imprimió la nueva administración a la política exterior, resultó severamente afectada con la toma militar de la Asamblea Legislativa. Al recorrer los tabloides de los principales periódicos del mundo y revisar las cuentas de twitter de los organismos hemisféricos más relevantes, así como las de los líderes de opinión con reconocimiento internacional, se confirma el daño que el 9F ocasionó a la imagen de El Salvador.
A los empresarios, agremiados o no, les corresponde pedir explicaciones y exigir garantías para que no se repita la molesta e inaceptable instrumentalización de la Fuerza Armada. Sentarse a la mesa con los titulares de las instituciones públicas como si nada ocurrió, sería imitar la conducta asumida por parte del sector privado nicaragüense, que prefirió ignorar el totalitarismo de Ortega con tal que sus empresas siguieran floreciendo. No se trata de abortar los planes de inversión, cerrar los negocios y quebrar la relación. Es un duro llamado de atención a las autoridades para que entiendan que ningún plan de despegue económico tendrá resultados efectivos si se ignora el Estado de derecho y el respeto a la Constitución. Si cae la República, con ella se hunden también la economía y los empleos, fracasa la gestión gubernamental y se profundiza la pobreza.
La sociedad civil organizada tendrá que mantenerse vigilante. Durante la última década hemos testimoniado un claro compromiso de diferentes entidades con la transparencia, el acceso a la información pública, el combate a la corrupción, la reforma política y electoral, y la profesionalización del sector público. El trabajo en redes, donde participan organizaciones muy diversas, demuestra la capacidad de llegar a acuerdos en temas vinculados principalmente con la institucionalidad. El 9F encontró un músculo ciudadano bastante fortalecido. La reacción espontánea ante el ultraje del que fue objeto el principio de separación de poderes, refleja la capacidad de reacción frente a cualquier intento de concentración de poder. A este importante segmento le corresponderá reclamar ante las instancias nacionales e internacionales el acatamiento de las resoluciones judiciales, en las que se ordena a los funcionarios abstenerse de violentar la forma de gobierno democrática, republicana y representativa.
Hay dos aspectos adicionales que deben atenderse como consecuencia del 9F. Son dos asuntos complejos, tan o más importantes que los anteriores. Ignorarlos, significa perpetuar las causas que nos llevaron a la penosa profanación militar del hemiciclo legislativo. Nos referimos a las necesidades insatisfechas de la colectividad y al profundo desprestigio que sigue perjudicando a los partidos políticos.
Los estudios de opinión pública muestran una preocupante inclinación de la gente a estilos de gobierno autoritarios. Resulta que, desde hace por lo menos diez años, la satisfacción con la democracia se mide más en función de la situación económica de las familias y mucho menos en base a la defensa de los derechos políticos o principios republicanos. La irrupción de gobiernos populistas ratifica lo anterior. Sólo si se brinda una vida digna a los habitantes, con servicios públicos de calidad, irá normalizándose la atención que los ciudadanos deben prestar a las instituciones. Lo mismo sucede con los partidos. Si no cambian y aprenden a sintonizar con los votantes, su futuro como mecanismos de representación política continuará deteriorándose. Entonces entrarán a la escena, como de hecho ya sucedió, figuras “independientes” y aquellos servirán únicamente como vehículos para alcanzar el poder político, porque así lo exigen las Constituciones.
El remedio más adecuado para contrarrestar estas amenazas, podrá parecer improductivo, es el diálogo. Falta debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre las autoridades y sectores como el empresarial y el sindical, y entre éstos y la población. La estampa del 9F no puede repetirse. Y deben sentarse precedentes legales que sancionen estos comportamientos. Al mismo tiempo será indispensable retomar las instancias permanentes de diálogo en las que discutamos el país que queremos en un tiempo donde, lamentablemente, es muy fácil desbaratar el entramado institucional y aniquilar a la República.

Doctor en Derecho y politólogo

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