Protejamos la división de poderes

Por respeto a nuestra historia, no podemos aceptar ni normalizar una narrativa que promueva el odio e intolerancia entre los salvadoreños. Una narrativa que parece ver como natural el uso de la matonería, la fuerza y la intimidación para hacer prevalecer su agenda política.

Por Carmen Aída Lazo
Economista, Decana de la ESEN

Feb 11, 2020- 19:22

Nací en 1976, en San Salvador, en una familia sencilla de clase media. Mi infancia en los 80s tenía de trasfondo un El Salvador sumido en una guerra civil. Mi padre, un ingeniero que estudió en el Inframen y en la Universidad de El Salvador, sentía y expresaba afinidad por la izquierda. Con él leíamos los poemas de Roque Dalton y se refería a la guerrilla como “los muchachos”. Votaba por el PDC y decía que Duarte era un líder carismático.

Mi madre, en cambio, no dudaba en manifestar sus temores de que el socialismo llegara a El Salvador. Nos ponía de ejemplo lo que pasaba en Nicaragua y no titubeaba a la hora de expresar su preferencia por la derecha política.
Pasé mi infancia, por lo tanto, en una familia –como muchas familias salvadoreñas– en la que coexistían y se debatían visiones encontradas sobre qué tipo de líderes le convenían al país. Me acostumbré a estar expuesta a diferentes posturas. Si bien mis padres tenían preferencias polarizadas en lo político, ambos anhelaban el fin de la guerra.

Quienes fuimos niños en los 80s vivimos una época en la que eran comunes los toques de queda, los apagones, la escasez derivada del estancamiento económico. Puedo recordar estando en clase en el colegio, y una monjita entró al aula, llamó a una compañera y le pidió que saliera con ella. Minutos después, regresaría llorando solo a recoger sus cosas. Todas la observamos en silencio. Acababan de asesinar a su papá. Nunca la volvería a ver.

Tenía 13 años cuando en mi familia sufrimos el asesinato de un primo hermano. Fueron miles de familia salvadoreñas las que enfrentaron el dolor de la pérdida de sus seres queridos como consecuencia del conflicto armado.

Luego vino el 16 de enero de 1992 y yo veía con incredulidad que se anunciaba el fin de la guerra con la firma de los Acuerdo de paz. Recuerdo ver a una presentadora en la televisión emocionarse y llorar mientras daba a conocer la noticia. A mí me parecía increíble que quienes por años habían sostenido férreamente posiciones tan encontradas acordaran abandonar el uso de la fuerza para hacer prevalecer sus exigencias y estuviesen dispuestos a dirimir sus diferencias por la vía del dialogo, en democracia, a través de la representación política. El debate político sustituía el uso de la violencia.

Es cierto que en El Salvador del siglo XXI prevalecen enormes desafíos y tareas pendientes que nos impiden hablar de una verdadera paz. Al fin y al cabo, los Acuerdos de Paz fueron acuerdos políticos, no fueron acuerdos sociales. Aceptar tales deudas y desafíos no impide reconocer lo hasta ahora alcanzado.

Este es un país en el que, a partir de la posguerra, hemos tenido elecciones libres, existe libertad de expresión, se ha ido construyendo una institucionalidad democrática, un país en el que podrán ser imperfectos pero existen pesos y contrapesos al ejercicio del poder.

Las elecciones libres han permitido –sin que se dispare una bala– una transición pacífica de gobiernos de ARENA a gobiernos del FMLN y ahora a un gobierno de GANA, y se han aceptado pacíficamente los resultados electorales. Basta con voltear a ver las crisis de institucionalidad que viven nuestros vecinos centroamericanos para valorar lo que hemos alcanzado.

Por respeto a nuestra historia, no podemos aceptar ni normalizar una narrativa que promueva el odio e intolerancia entre los salvadoreños. Una narrativa que parece ver como natural el uso de la matonería, la fuerza y la intimidación para hacer prevalecer su agenda política. Una narrativa que pareciese querer construir y forzar una falsa polarización, cuando lo que anhelamos la gran mayoría de salvadoreños es el diálogo y la unión necesaria para trabajar por los apremiantes problemas sociales.

No, no podemos permitirnos retroceder en los valores de tolerancia y respeto a quienes piensan diferente. La intimidación, el uso de la fuerza y la coacción deben quedar enterradas en nuestro pasado.

De mis padres aprendí que podemos pensar diferente, es legítimo que expresemos nuestras diferencias, pero en lo que no podemos ceder es en la defensa de esos principios básicos sobre los que se cimienta nuestra democracia.

Desde la posición que cada uno tiene, podemos hacer mucho apelando a la sensatez, al diálogo y a la tolerancia entre salvadoreños, a la búsqueda de acuerdos y a respetar la separación de poderes. Es la única forma de evitar que repitamos los errores de nuestro doloroso pasado.

Economista, Decana de Economía de la ESEN.

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