El 9F, ¡nunca más!

Muchas personas quizás piensan que todo esto no les afecta directamente, que es cuestión de los políticos; sin embargo, el irrespeto a la democracia, al Estado de Derecho, afecta el ejercicio efectivo de los derechos humanos y así poder vivir una verdadera cultura de paz y desarrollo.

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Por Fátima Ortiz

2022-02-09 4:30:04

El 9F del 2020 es considerado por académicos, periodistas, defensores/as de derechos humanos, comunidad jurídica e internacional, como el día en que la democracia en el país entró a terapia intensiva, el día de la infamia, el día del retorno de los fusiles.

El domingo 9 de febrero de 2020, días antes de iniciar la cuarentena estricta por la pandemia de covid-19, el presidente Bukele se tomó las instalaciones de la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada para instalar una sesión extraordinaria y lograr la aprobación de un préstamo para financiar una de las fases del plan control territorial. La sesión no se instaló.

Ante la negativa de los legisladores de asistir, el presidente decidió militarizar las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, convocó a sus simpatizantes y funcionarios a concentrarse afuera del edificio, colocó pantallas gigantes para ver la sesión, dio un discurso incendiario e ingresó al edificio militarizado para establecer el quórum e iniciar la sesión legislativa; sin embargo, frente a los curules vacíos, visiblemente fuera de sí, salió del recinto otorgando un plazo de una semana para que se aprobase el préstamo. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo, catalogados como un camino al autoritarismo.

La Asamblea Legislativa sesionó al día siguiente condenando la toma del edificio; se dieron además diversas reacciones entre ellas: distintas representaciones diplomáticas manifestaron su preocupación por el acontecimiento; se presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y una denuncia por la toma violenta del edificio a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; el Fiscal General de ese momento, Raúl Melara, abrió una investigación sobre los hechos y la Sala Constitucional emitió medidas cautelares al Consejo de Ministros y al Presidente de la República.

Para nuestro país este acontecimiento significó un punto de inflexión en el irrespeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, irrespeto que se ha consolidado en el año 2021 con la obtención de la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa por parte del partido Nuevas Ideas y la imposición de magistrados en la Sala de lo Constitucional, agravando la situación económica y social en el país.
¿Por qué digo que fue un punto de no retorno? Porque desde esa fecha donde se rompió el orden constitucional los retrocesos en materia de derechos humanos han sido evidentes, desde el espionaje informático oficial a periodistas y activistas, pasando por la toma del Órgano Judicial a todo nivel, donde ha habido atropellos a los jueces y juezas, muchos de ellos están siendo trasladados sin mucho trámite si sus decisiones son contrarias al oficialismo.

Además, a todos estos retrocesos se suma el acoso en redes sociales a activistas y miembros de la denominada “Resistencia”, la arbitrariedad en el trato a los ya denominados “presos políticos”, que pasan por no acatar órdenes judiciales de traslados o prisión domiciliar, sin dejar de mencionar la violación sistemática al derecho de acceso a la información pública.

Muchas personas quizás piensan que todo esto no les afecta directamente, que es cuestión de los políticos; sin embargo, el irrespeto a la democracia, al Estado de Derecho, afecta el ejercicio efectivo de los derechos humanos y así poder vivir una verdadera cultura de paz y desarrollo.

Los regímenes autoritarios perpetran la captura total del Estado y hacen creer a la población por medio de programas asistencialistas que solamente ellos pueden salvar al pueblo, y cuando el pueblo despierta y actúa, estos regímenes acosan, reprimen, matan, desaparecen, eliminan totalmente la democracia, no solamente entendida como las elecciones.

No debemos permitir nunca más otro 9F, no debemos permitir el retorno de los fusiles en El Salvador.

Abogada y defensora de derechos humanos.