La Constitución de la República establece de manera genérica las funciones que tendrá la Policía Nacional Civil y destaca que esta deberá colaborar en la investigación del delito respetando la ley y los derechos humanos, misma referencia hace la Ley Orgánica de la PNC en su artículo 1. Sin embargo, ¿estas disposiciones son derecho positivo en El Salvador o solo son letra muerta? Debemos de recordar que dicho organismo nació a partir de la firma de los Acuerdos de Paz con la finalidad de sustituir a aquellas instituciones de seguridad pública transgresoras de derechos humanos, pero 28 años después esto sigue siendo una tarea pendiente.
El 27 de octubre del corriente año, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres leyó el fallo del caso relacionado al feminicidio de la agente policial Carla Ayala; en dicha resolución se condenó a nueve de las trece personas acusadas. Seis de los condenados eran policías, mientras que el jefe del extinto Grupo de Reacción Policial quedó absuelto. Este es uno de los casos en los que la lógica no nos lleva a pensar cómo fue posible que dentro de la misma institución que se supone que debe proteger a la población se haya suscitado un crimen tan atroz o que haya existido toda una serie de encubrimientos para dilatar de cualquier manera la consecución de una condena efectiva. Por el momento no podemos hablar de que se ha alcanzado una plena justicia mientras no se capture al autor material y que exista una verdadera política de cambio al interior de la Policía. Este no es el único caso donde el actuar policial ha ido en contra del mandato constitucional. El viernes, 10 de abril de 2020, un agente de la PNC lesionó de bala a un joven en el municipio de San Julián, departamento de Sonsonate, cuando el muchacho se negó a pagar $ 50 que le exigió el oficial para evitar enviarlo a un centro de contención por haber violado la cuarentena vigente en ese momento.
De lo anterior, podemos notar que existen problemas dentro del cuerpo de seguridad pública, los cuales se evidencian en el sentimiento de inseguridad de la población. En los resultados del último Latinobarómetro correspondiente al año 2018, 770 de las 1000 personas cuestionadas señalaron tener poca o nula confianza en la policía. Este hecho se encuentra en consonancia con los datos proporcionados por el Índice de Estado de Derecho de este año, elaborado por The World Justice Program, donde en el indicador de ausencia de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad se obtuvo un puntaje de 0.55 (donde 0 significa que existe alta corrupción y 1 baja corrupción), ubicándose en el puesto 18 de 30 países en el continente americano.
Aspectos como los ya señalados vulneran el Estado de Derecho, convirtiendo a nuestro país en un territorio con una democracia cada vez más inestable. Del mismo modo, esta problemática no se ve atenuada con la negación del director de la PNC a cumplir con las órdenes emitidas por otras instituciones, basándose en sus atribuciones constitucionales. Esto representa una clara violación a las leyes. Nos reencontramos con las antiguas “mañas” que precisamente se pretendían erradicar con la creación de un nuevo ente en materia de seguridad ciudadana.
La PNC actual no cumple a cabalidad con sus obligaciones legales, pues, a pesar del carácter apolítico que debe regir su actuar, lastimosamente sigue siendo objeto de manipulación de los diferentes gobiernos de turno. Para tener una policía a la altura se deben hacer diferentes cambios desde una depuración del cuerpo hasta la elaboración e implementación de políticas que contribuyan a dignificar la labor de los agentes policiales, como condiciones de trabajo justas y programas de salud mental. Hasta que eso no suceda, podemos seguir invirtiendo millones de dólares, pero los resultados no distarán de los ya acontecidos.
Miembro del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE). ESEN