"Como madre quisiera una respuesta ya y quiero que me ayuden a encontrar a mis hijos”, dijo Ivette Toledo, la madre de Karen, de 18 años, y Eduardo, de 20, desaparecidos en Santa Tecla, el pasado 18 de septiembre. Hasta agosto de este año 789 personas desaparecidas están siendo buscadas por sus familiares en El Salvador. Solamente el 40% son localizadas.
En el caso de niñas y adolescentes son desaparecidas por venganza, privadas de libertad, agredidas sexualmente, asesinadas y desapareciendo sus cuerpos. En el grupo de hombres adolescentes y jóvenes, tiene que ver por disputa de territorio y negarse a participar en actividades delictivas. En el caso de mujeres trans, no existe investigación exhaustiva por parte de las autoridades.
Se requiere del Estado salvadoreño una respuesta integral y efectiva. Más que acciones punitivas, se necesitan acciones preventivas. Hay que evitar que existan más casos. En la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la semana anterior, se hizo un fuerte llamado de atención al Estado salvadoreño sobre la falta de acciones preventivas.
Existe un Protocolo de Acción Urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas. En muchos casos los operadores piden que hayan pasado 24 ó 48 horas para poder activarlo. El protocolo no pone este requisito. Esta situación, además de la estigmatización por ser mujer, persona de la población LGBTI o joven en zonas consideradas de alto riesgo, trasgrede los estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas.
El Estado salvadoreño tiene la obligación de investigar, buscar a estas personas, perseguir penalmente a los responsables. En el 2020 solo hay dos sentencias por el delito aprobado en el 2019. Además, debe atenderse integralmente a los familiares; el duelo por tener un familiar desaparecido se asemeja a una tortura, por ser extremadamente prologando y sin respuestas.
La semana anterior colectivos ciudadanos, en su mayoría formado por familiares de personas desaparecidas como “Alerta Raquel”; “Todos somos Flor” y los familiares de Karen y Eduardo, formaron una alianza solidaria para unir esfuerzos, alzar la voz y no permitir que exista una doble desaparición, la física y la que hace el Estado al ignorarlos.
Mi llamado es a acompañar a estos colectivos, a compartir información, a exigir a las autoridades la investigación. No esperemos que haya una Karen y un Eduardo en nuestras familias para reaccionar. ¡Queremos que Karen y Eduardo regresen con su madre!
Abogada y defensora de derechos humanos.