Ya se sabe: Nadie puede estar por encima de la Ley...Pero hay excepciones: lo que quiera el Presidente Bukele y sus servidores en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sin importar lo que diga la ley. Por ejemplo, la confiscación de buses y microbuses de las rutas 42 y 152 y la captura del empresario Catalino Miranda bajo acusaciones que parecen no tener fundamento legal. La sustitución de motoristas por soldados, sin considerar las consecuencias negativas que tal medida tendría para usuarios y soldados, convertidos repentinamente en motoristas, que según reportes, dañaron varias unidades.
Que el personal de tropa no tenga experiencia para conducir unidades del transporte público y desconozca las rutas a seguir son problemas que la medida dejó en evidencia, y que las guarniciones militares quedaron con pocos conductores. Se ha dicho que en el Comando de Sanidad Militar solo hay 5 motoristas, pero solo 3 están operativos porque 2 se los llevó el comandante como sus motoristas personales. Es tal la escasez de tropa que no alcanzan ni para cubrir la seguridad interna de las guarniciones por lo que han tenido que colocar maniquíes elaborados con trapos a los que ponen chaqueta y gorra militar para sustituir a los centinelas reales. Solo en El Salvador.
El presidente de la Asamblea declaró que se estaba cumpliendo la ley, para poner orden en el país en el tema del transporte púbico. Nadie puede negar que por años los concesionarios de las rutas han hecho lo que les ha dado la gana, sin reparar los buses, protegidos por funcionarios públicos con evidente conflicto de intereses, el pésimo trato a los sufridos usuarios y el caos que esos cafres del volante causan en el ya desordenado tráfico de ciudades y carreteras. Pero como bien afirmó la diputada Claudia Ortiz, “no se puede combatir abusos, con más abuso”.
Recientemente, el Ministerio del Medio Ambiente advirtió que el terreno elegido por Bukele para la construcción del Aeropuerto del Pacífico está sobre una masa de agua subterránea, atravesada por los caudales de 4 ríos y al quedar a escasos metros, amenaza al Estero El Tamarindo que tiene categoría de Área Natural Protegida. Por estas razones, el MARN ha catalogado la construcción del aeropuerto, como Proyecto de Impacto Ambiental de Moderado a Alto. De acuerdo con la ley, se necesitan 9 unidades valorativas para caer en esta categoría, y no permitir la realización del proyecto, y el del aeropuerto reúne 105 unidades valorativas. Pero a pesar de razones tan contundentes, CEPA pidió una reconsideración, insistiendo que el proyecto no está dentro del bosque salado, por lo que el Presidente Bukele y CEPA siguen anunciando que pronto se pondrá la primera piedra. No importa que varias comunidades se vean afectadas, del daño al medio ambiente,y que el Aeropuerto del Pacífico, ante la seria amenaza de inundación, pase a la categoría de Elefante Blanco Abandonado II, como el Puerto de La Unión.
Situaciones como las mencionadas demuestran que la mayoría de decisiones que toma el GOES no están respaldadas por estudios técnicos realizados por especialistas, ni discutidos en la Asamblea Legislativa, o en las comisiones, cuyos integrantes han dado prueba de su ignorancia de los temas que les corresponden. La experiencia de la Ley Bitcoin, tan criticada por especialistas internacionales por su aprobación exprés, así como la amenaza del lanzamiento del Bono Volcán, que no será respaldado por el gobierno, sino por la GEO, nos dejan entrever que otro tanto ocurrirá con la anunciada reforma a las pensiones. Orden del Presidente para apropiarse de los ahorros de los trabajadores y destruir a las AFP que los han custodiado durante tantos años.
Maestra.